Madrid, 22 nov (.).- Las principales empresas que operan en el mercado del alquiler han criticado la prórroga hasta diciembre de 2023 del tope del 2 % en la actualización de los alquileres que el Gobierno ha pactado con Bildu, en la negociación de los presupuestos para 2023, y han advertido de que agravará el problema de la falta de oferta.
Tampoco los sindicatos de inquilinos se han mostrado satisfechos, porque el tope no afecta a las subidas en las renovaciones o en los nuevos contratos, lo que a su juicio supone que "los rentistas podrán seguir echando a la gente de sus casas a base de subidas abusivas cada vez que finalice un contrato".
El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que es una decisión que el mercado ya descontaba, sobre todo al ser 2023 un año electoral, pero ha incidido en que es una "pésima noticia" que el Gobierno vuelva a dejar sobre los hombros de los propietarios la subida de la inflación, sin ofrecerles ninguna compensación, como ocurre -ha dicho- por ejemplo en Portugal.
NO AFECTA A LOS NUEVOS CONTRATOS
A su juicio, la medida tendrá como consecuencia un "agravamiento del problema de falta de oferta que sufre el mercado español" y "resultará beneficiosa para todas las familias que ya viven de alquiler, pero tendrá consecuencias nefastas para aquellas otras que lo buscan o buscarán en los próximos meses".
También el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha lamentado que el Gobierno vaya a alargar una "medida intervencionista que hasta ahora ha sumado a la generación de incertidumbre la consecuencia de la reducción de la oferta".
Font ha asegurado que antes de la aplicación de esta medida las actualizaciones de las rentas se situaban en cifras "muy razonables, porque los propietarios prefieren mantener un inquilino buen pagador, aunque esté cobrando menos renta, que arriesgarse a perderlo por un aumento superior al que el inquilino puede absorber".
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el vocal Ángel Martínez ha dicho a Efe que "los pequeños propietarios saldrán perjudicados, pues hay muchos que no tienen demasiado margen de beneficio".
AUMENTO DE PRECIOS EN GRANDES CIUDADES
También ha coincidido en que "este techo a las rentas, sumado a la incertidumbre generada por el intervencionismo del Estado, hará que la oferta caiga y, a igual demanda, provocará un posible aumento del precio medio del alquiler en las grandes ciudades".
Por su parte, el director general de la Agencia negociadora del Alquiler (ANA (TYO:9202)), José Ramón Zurdo, ha considerado la prórroga un "grave error" y ha afirmado que, "si alguien quiere saber cuáles van a ser las consecuencias de esta medida en 2023, no tiene más que ver lo que ha sucedido este año desde que está en vigor esta limitación del 2 %: subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar".
Desde el despacho de Círculo Legal Barcelona coinciden en que se trata de una "medida populista" y defienden que "intervenir el mercado no es la solución, sino incentivarlo".
Entretanto, los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona han vuelto a exigir al Ejecutivo una regulación de los alquileres más allá de medidas coyunturales para hacer frente a la inflación y han defendido que "es urgente que los precios se congelen y los contratos de alquiler puedan prorrogarse obligatoriamente para evitar el desahucio de miles de hogares inquilinos".
La limitación de la subida de los alquileres al 2 % en los contratos que se renueven afecta desde el pasado marzo como tope obligatorio a los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplica cuando no hay otro acuerdo entre las partes.
La medida, que el Gobierno va a prorrogar durante todo el año 2023, forma parte del real decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación.
Para ello, establece que los contratos a los que corresponda su revisión anual no se revalorizarán en función del IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0 % y un techo del 2 %.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya remite a ese índice para la actualización de rentas, pero en la práctica la inmensa mayoría de los arrendamientos se revalorizan con el IPC.