Londres, 15 nov (.).- España y Uruguay están entre los países señalados en un informe difundido este miércoles que denuncia que al menos 128.000 pescadores, en su mayoría del Sur Global, quedaron atrapados en trabajos forzosos en buques pesqueros solo en 2021, a menudo en alta mar.
'Nexos oscuros: descubriendo a los responsables del trabajo forzoso en las flotas pesqueras comerciales', elaborado por la Coalición para la Transparencia Financiera (FTC, en inglés), revela que el 22,5 % de los buques acusados por diversos organismos de trabajo forzoso son propiedad de empresas europeas, con España a la cabeza.
El 45 % de los barcos para los que se disponía de datos de localización "operaban o fueron detectados en sólo cinco países: Indonesia, Irlanda, Uruguay, Somalia y Tailandia", dice el estudio.
Entre las empresas europeas, España lidera el listado con 12 buques que representan el 5 % del total del que se dispone de información legal, seguida de Rusia (7) y el Reino Unido (6), lo que la convierte "en uno de los cinco primeros países de empresas propietarias de buques acusados de trabajo forzoso", indica el documento.
Así, las compañías de solo cinco países (China, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur y España) poseen casi dos tercios de los buques acusados para los cuales hay datos de propiedad legal, recoge el informe.
La rusa Pescatlant Ltd. es la principal compañía europea acusada de trabajo forzoso, con sede en San Petersburgo y que utiliza el puerto español de Las Palmas como base.
Un cuarto de las embarcaciones analizadas en el informe tenía bandera de China, mientras que un 18 % "llevaba pabellones de conveniencia, que tienen controles laxos, secreto financiero e impuestos bajos o inexistentes", afirma la Coalición.
Más de un tercio de los buques para los que había datos de localización operaron en Asia, seguido de África (21 %), Europa (14 %) y América Latina y el Caribe (11 %).
El análisis de FTC, que aglutina a 11 ONG de todo el mundo, se realizó a partir de una base de datos con casi 500 pesqueros acusados de abusos, junto con otra de pesca ilegal y registros de propiedad, con el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y Greenpeace International.
La Coalición mantiene que el trabajo forzoso en el sector pesquero -que puede incluir violencia física, condiciones de servidumbre por deudas o de trabajo y de vida abusivas- "se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria".
Apunta que, sin embargo, la mayoría de los países "rara vez solicitan información sobre los beneficiarios finales cuando registran buques o solicitan licencias de pesca, lo que significa que los responsables últimos de los abusos no son detectados ni castigados", además de que a menudo utilizan estructuras corporativas complejas para enmascarar su propiedad.
La FTC pide a los Estados adoptar cinco medidas para proteger a los pescadores y mejorar la transparencia en el sector.
Estas son mejorar la información pública sobre los buques y hacer una lista con los acusados de trabajo forzoso o pesca ilegal, crear registros abiertos de beneficiarios reales, y catalogar el trabajo forzoso y la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada) como "delitos determinantes a efectos de blanqueo de capitales".
También instan a ratificar los principales convenios internacionales para prevenir el trabajo forzoso y que la pesca se incluya como "industria extractiva" en iniciativas relativas a la regulación y transparencia de ese tipo de industrias.