Madrid, 19 may (.).- El Ministerio de Trabajo ultima los trámites para aprobar la norma que extenderá la prevención de los riesgos laborales a las empleadas del hogar y que obligará a evaluar los riesgos del puesto de trabajo, a formar a la persona empleada y a facilitarle la vigilancia de su salud mediante reconocimientos médicos.
La propia administración laboral pondrá los medios para permitir el cumplimiento de estos requisitos a unos empleadores que normalmente son familias trabajadoras y personas mayores, para lo que el proyecto normativo prevé el desarrollo de una herramienta en línea que permita evaluar el puesto y acceder a la formación necesaria, al tiempo que emplazará al Ministerio de Sanidad a realizar los reconocimientos médicos gratuitos.
El proyecto de real decreto ya ha superado el grueso de los trámites pertinentes y esta semana se ha abordado con los sindicatos UGT y CCOO, que valoran el avance que supone para un colectivo históricamente infravalorado, pero piden mejoras para que se haga una prevención real y no meramente formal.
El texto de la normativa, que viene a dar cumplimiento a una obligación fijada en el real decreto de 2022 de empleadas del hogar y a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio 189 de la OIT, establece que los empleadores deberán "realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud" y actualizar esa evaluación y tomar medidas ante riesgos detectados.
Para esas evaluaciones, el proyecto da diez meses, una vez entre en vigor, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollar una herramienta en línea que facilite el cumplimiento de estas evaluaciones a los empleadores, en su gran mayoría familias o personas de edad avanzada.
Reconocimientos médicos y formación obligatoria
La propuesta de Trabajo también deja claro que es la persona empleadora la que debe proporcionar equipos adecuados así como formación en materia preventiva en el momento de contratar.
En este punto, se especifica que esta formación se desarrollará a través de una plataforma de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae).
Junto a esto, se establece que los empleados tendrán derecho a la vigilancia de su estado de salud, lo que "podrá incluir la realización de un reconocimiento médico adecuado" y voluntario en todos los casos.
Se añade que el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de los reconocimientos médicos.
También se recoge la prevención de la violencia y acoso en el empleo doméstico y se da un año desde su publicación para que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elabore un protocolo de actuación.
El coste de todas las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, deja clara la propuesta, no deberá recaer en modo alguno sobre las trabajadoras.
La norma será de obligado cumplimiento para los empleadores que, de no desarrollar los mecanismos de protección adecuados, sufrirán un recargo en las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
El objetivo de este desarrollo reglamentario, subraya Trabajo, es eliminar otra de las "diferencias de trato no justificadas" por la peculiaridad de esta actividad y cuya persistencia está vinculada "a la histórica infravaloración de este trabajo".
Los sindicatos piden más diálogo y garantías
UGT y CCOO lamentan que el texto no fuera negociado inicialmente en la mesa de diálogo y que sus aportaciones hayan quedado al trámite de audiencia ya cerrado y advierten de la necesidad de concretar al máximo las medidas para que no quede en una mera formalidad.
"Valoramos el avance que supone acabar con una discriminación más contra estas trabajadoras, pero tiene que articularse de manera que se cumpla por parte de unos empleadores que en muchos casos son de avanzada edad y familias", afirma a EFE la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, que cuestiona por ejemplo que la herramienta propuesta sea una autoevaluación en línea.
UGT también ha reclamado incluir una evaluación de riegos psicosociales para un colectivo "especialmente vulnerable".
"Es un paso importante, pero hay aspectos que deberían concretarse", indica a EFE el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente, Mariano Sanz.
Entre los cambios propuestos, CCOO ha pedido que sean las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las que se encarguen de la evaluación de riesgos laborales de las empleadas del hogar con el objetivo de que el proceso se realice con "garantías".
CCOO también pide sacar de esta normativa a los trabajadores de ayuda a domicilio, que se expliciten las fórmulas para resolver posibles denuncias o que se garantice el control mediante visitas presenciales.
En este punto, se aflora otra de las grandes dificultades de regular en una actividad que se desarrolla en domicilios particulares, inviolables, y cómo puede la Inspección de Trabajo vigilar el adecuado cumplimiento.
El Ministerio de Trabajo se vuelve a ver este próximo martes 20 con los agentes sociales en la mesa de prevención de riesgos laborales.
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