Madrid, 8 feb (.).- La Fiscalía de Brasil ha propuesto al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de este país no autorizar la adquisición por parte de Telefónica (MC:TEF), junto con Tim y Claro, de los activos de telefonía móvil del grupo Oi (SA:OIBR3), al considerar que se podrían haber vulnerado las leyes de la competencia.
En un informe dirigido al CADE, al que ha tenido acceso EFE este martes, el Ministerio Público brasileño plantea determinar si se ha producido una infracción por "gun jumping", es decir, por incumplimiento de la obligación de comunicar una concentración al organismo regulador antes de ejecutarla.
Esta actuación supondría vulnerar lo dispuesto en la ley y por lo tanto la "nulidad de la operación", según el informe del ministerio público brasileño, que plantea la posibilidad de que las tres compañías hubieran constituido un consorcio previo a la compra de los activos de Oi y que no se lo hubieran notificado al CADE.
En tercer lugar, en las conclusiones de este escrito, la fiscalía plantea iniciar un procedimiento administrativo contra las tres empresas compradoras para investigar si hubieran incurrido en una conducta concertada entre competidores y en posibles prácticas de exclusión.
El ministerio público instruyó este procedimiento administrativo después de que Algar Telecom, un operador brasileño, pidiera ante el CADE investigar este supuesto 'gun jumping".
Se prevé que el CADE, el órgano regulador responsable del combate a los monopolios en Brasil, se manifieste sobre el proceso de compra este mismo miércoles.
Vivo (Telefónica Brasil (SA:VIVT4)), Claro (América Móvil (NYSE:AMX)) y TIM ( Telecom Italia (MI:TLIT)) compraron los activos móviles de Oi por 16.500 millones de reales (aproximadamente 2.742 millones de euros si se aplicara el cambio de hoy). La filial de Telefónica en Brasil aportaría el 33 % del valor de la oferta.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador) aprobó a finales de enero esta venta.
OPERACIÓN CONJUNTA PERO SIN CONSORCIO
Por su parte, Vivo ha defendido que en la compra de los activos de telefonía móvil de Oi, aprobada por unanimidad por Anatel, se siguieron los procedimientos legales aplicables, según ha informado a EFE.
Ha recordado que la propuesta de compra se hizo en una subasta pública en el marco de la recuperación judicial del operador y, por lo tanto, supervisada por el Ministerio Público de Río de Janeiro y por el Poder Judicial.
Contrariamente a lo que afirma el fiscal, Vivo asegura que la oferta fue realizada conjuntamente por las tres empresas, pero no en forma de consorcio.
La compra dará lugar a tres adquisiciones absolutamente independientes por parte de los compradores, que siguen y seguirán compitiendo enérgicamente en el mercado, según las fuentes de Vivo.
Las características de la compra propuesta pretenden preservar y fomentar la competencia en el mercado de la telefonía móvil.
Brasil es uno de los cuatro mercados claves para Telefónica, junto a España, Reino Unido y Alemania.