París, 29 mar (.).- El Gobierno francés, bajo presión por un déficit público desbocado, estudia una excepción a su dogma de no aumentar los impuestos, con un incremento de la tasa que grava los beneficios excepcionales de las empresas del sector de la energía, que hasta ahora ha dado unos resultados muy pobres.
El ministro de Hacienda, Thomas Cazenave, explicó este viernes en una entrevista a la emisora Sud Radio que reconoció que no le plantea "ninguna dificultad" examinar "cómo recuperamos una parte de esos beneficios excepcionales", y dijo que el objetivo es obtener "al menos 1.000 millones (de euros) adicionales este año".
En 2023, el impuesto especial creado para gravar las energéticas por los ingresos obtenidos gracias a la escalada de precios derivada de la guerra en Ucrania permitió recaudar 300 millones de euros, cuando se habían previsto 3.000 millones, admitió Cazenave.
"Estamos dispuestos a actuar", subrayó el ministro, que justificó un aumento de la fiscalidad a las energéticas y sólo a ese sector porque lo que han conseguido han sido "rentas" que no derivan de ninguna innovación.
En cualquier caso, insistió en que "no habrá cambio de política fiscal", cuando se le preguntó con insistencia si habrá subidas de impuestos a las clases medias y a las empresas. También en que el aumento de la presión fiscal a las energéticas no se extenderá a otros sectores.
Su línea argumental es que las rebajas de impuestos desde que el presidente, Emmanuel Macron, llegó al poder en 2017 han permitido la creación de dos millones de empleos.
El problema del Ejecutivo es que las cuentas públicas han dado una mala sorpresa porque el déficit en 2023 fue del 5,5 % del producto interior bruto (PIB) cuando su previsión era el 4,9 %.
Eso cuestiona la verosimilitud del presupuesto aprobado en otoño para 2024, que prevé un déficit del 4,4 %, y el objetivo de reducirlo en 2027 por debajo del 3 %, el umbral simbólico fijado en el Pacto de Estabilidad.
La primera medida del Gobierno para tratar de restablecer la credibilidad ha sido un decreto para suprimir 10.000 millones de euros de gasto.
Sobre el impuesto a los beneficios de las energéticas, el Tribunal de Cuentas criticó el dispositivo fiscal por su falta de efectividad para captar la llamada "renta inframarginal", es decir la diferencia entre los precios de mercado y los costos de producción.
Según este organismo público de control, de los 30.000 millones de euros de margen que las compañías ingresaron gracias a la crisis energética, el Estado captó 2.800 millones en 2022 y 2023, muy lejos de los 12.300 que se habían calculado.
Desde que comenzó esa crisis en 2021, antes incluso de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno francés activó diferentes medidas para fijar unos topes al precio de la energía para los particulares o para amortiguar el incremento para las empresas, lo que ha tenido un costo de unos 85.000 millones de euros, según las conclusiones de un informe del Senado.