Valladolid, 8 feb (.).- La Junta de Castilla y León y la Xunta han reclamado al Ministerio de Transportes que les informe de cómo afecta el "contrato fallido" de suministro de trenes de ancho métrico a las previsiones de renovación que había en ambas comunidades.
La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y su homóloga de la Xunta, Ethel Vázquez, se han dirigido en sendas cartas a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarle su preocupación "ante la gravedad de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, relacionadas con el retraso que supondrá el error del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la licitación para el suministro de trenes de ancho métrico y alpinos".
Según han detallado desde la Consejería de Movilidad de Castilla y León, ambas consejeras exigen "que se les informe cumplidamente sobre el estado de ejecución de dicho contrato, especialmente en lo relativo a plazos de entrega de los trenes fallidos y pagos efectuados con cargo a fondos públicos, y que se haga público y sea accesible todo el expediente de contratación tramitado y adjudicado por el Consejo de Administración de Renfe".
Y ante la falta de información, y en referencia al anuncio del 29 de junio de 2020 de que Renfe adjudicaba a CAF (BME:CAF) la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones, con la compra de 26 trenes eléctricos y 5 híbridos (que podrían utilizarse en Castilla y León y Galicia) e incluso, se podría llegar a adquirir otro más, urgen que se les informe sobre el destino previsto para los trenes objeto del contrato y en concreto, cuántas unidades iban a ser destinadas a esas dos comunidades.
Han recordado que en esa información se aseguró que "esa flota de "ancho métrico" daría servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia".
Y en esa línea "piden que se incluya expresamente la renovación de los trenes que circulan por sus respectivos territorios, para que todos los viajeros usuarios de estos servicios ferroviarios en el norte del país lo hagan en las mismas condiciones".
Además, trasladan "su interés en participar y ser escuchados en todas aquellas reuniones que se convoquen desde el Ministerio para informar sobre este tema, junto con el resto de comunidades autónomas que cuentan con este servicio".
Por otro lado, tanto María González Corral como Ethel Vázquez exigen que el Ministerio aclare cuándo tuvo conocimiento de esta situación y qué medidas se han adoptado desde entonces, así como las que se van a tomar a partir de ahora.
Por último, exigen que "se asuman las responsabilidades políticas al más alto nivel, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se deriven de esta insólita actuación, que pone de manifiesto una vez más la absoluta falta de rigor en la gestión de los servicios públicos esenciales, cuyos costes son sufragados por todos los ciudadanos".