Madrid, 30 mar (.).- Los operadores 5G deberán remitir antes de octubre al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital un informe sobre los riesgos de sus redes de infraestructuras de telecomunicaciones y servicios 5G o de las que vayan a desplegar en los próximos dos años.
Este análisis, que deberán presentar al Ministerio cada dos años, se deberá acompañar de un informe de las medidas técnicas y organizativas diseñadas y aplicadas para gestionar y mitigar dichos riesgos, según el Real Decreto-Ley sobre seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G, que publica este miércoles el BOE.
Este real decreto forma parte del Plan Nacional de respuesta a la Guerra de Ucrania y contempla parte de las medidas que estaban previstas incluir en la Ley de Ciberseguirdad 5G, pendiente de tramitación parlamentaria.
En este real decreto, se establece que los operadores 5G deberán analizar los riesgos de las redes y servicios 5G y les obliga a efectuar un "estudio pormenorizado e individualizado de las amenazas y vulnerabilidades" que afecten a la red.
En España, Telefónica (MC:TEF), Orange (PA:ORAN), Vodafone (LON:VOD) y MásMóvil (MC:MASM) son los cuatro operadores que han adquirido espectro 5G para desplegar esta tecnología.
Los operadores están obligados a recabar de sus proveedores las prácticas y medidas de seguridad que se han adoptado en los productos y servicios que les han suministrado, teniendo en cuenta los factores de riesgo y su perfil de riesgo.
Como suministradores de esta tecnología, están la chinas Huawei, que hasta ahora era uno de los principales proveedores de las telecos en España, pero cuya tecnología está siendo relegada del núcleo de la red 5G; Ericsson (ST:ERICb); Nokia (HE:NOKIA); ZTE (HK:0763) y Samsung (KS:005930).
LAS TELECOS DEBERÁN TENER DOS O MÁS PROVEEDORES DE RED 5G
Los operadores están obligados a diseñar una estrategia de diversificación en la cadena de suministros de los equipos de telecomunicaciones, sistemas de transmisión, equipos de conmutación o encaminamientos de manera que tengan como mínimo dos proveedores distintos.
En este contexto, el real decreto establece que en el caso de que como consecuencia de operaciones de concentración, se redujera el número de suministradores a menos de dos, la operación deberá ser autorizado por el Consejo de Ministros.
El Gobierno aprobará mediante real decreto, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional y a petición del Ministerio de Asuntos Económicos, un esquema nacional de seguridad de redes y servicios 5G, que se revisará cada cuatro años o cuando las circunstancias lo aconsejen y que analizará los riesgos a nivel nacional.
En el caso de que se califique a determinados suministradores de riesgo alto, las telecos deberán relevar estos equipos. De momento, no se ha calificado compañía alguna.
Otra de las obligaciones del real decreto es que los operadores no podrán ubicar los elementos críticos de la red pública fuera de españa.