París, 1 jul (.).- El grupo textil español Inditex (MC:ITX) rechazó "firmemente" este jueves las acusaciones presentadas en su contra en Francia, que "carecen completamente de base" y por las que la Fiscalía Nacional Antiterrorista ha abierto una investigación preliminar.
Esa investigación preliminar se abrió tras la denuncia de varias oenegés contra varias empresas textiles internacionales, entre ellas Inditex, por supuestamente beneficiarse del trabajo forzado de la minoría uigur en China.
"La compañía dispone de rigurosos controles de trazabilidad que han permitido confirmar que tales acusaciones son infundadas", aseguró Inditex en una declaración a Efe.
Agregó que tiene "tolerancia cero hacia cualquier forma de trabajo forzoso" y aplica diversas políticas y procedimientos "para asegurar que esta práctica no existe en nuestra cadena de suministro".
La firma añadió que colaborará con las autoridades francesas para demostrar su inocencia.
Esta declaración llegó después de que hoy se divulgó la apertura de ese procedimiento. "Se ha abierto una investigación tras la presentación de una querella por beneficiarse de crímenes contra la humanidad", señaló a Efe una fuente judicial francesa.
Un grupo de oenegés presentó en abril pasado una denuncia ante la justicia gala contra Inditex, Uniqlo, Sketchers y SMCP, entre otras grandes firmas, a las que acusan de beneficiarse del trabajo forzado al que, según grupos de derechos humanos, es sometida la minoría uigur en la región china de Xinjiang (noroeste).
Esa zona produce aproximadamente el 20 % del algodón mundial y, según los denunciantes, las labores en el cultivo y recolección se realizan en parte con gracias al trabajo forzado al que son sometidos los uigures (una etnia centroasiática de religión musulmana) por parte de las autoridades chinas.
La apertura de la investigación "es una gran satisfacción, teníamos mucha esperanza de que se abriera", señaló a Efe Nayla Ajaltouni, portavoz de Étique sur l'étiquette (Ética en la etiqueta), uno de los colectivos demandantes.
"Para nosotros, es una primera etapa para que se cuestione por fin la responsabilidad de esas firmas y su rol como beneficiarias impunes de una situación de crímenes contra la humanidad", añadió.
Ajaltouni recordó que las instituciones de la Unión Europea están negociando una directiva sobre el deber de vigilancia y la responsabilidad jurídica de las compañías transnacionales.
"Le corresponde también a la justicia poner fin a esta impunidad que dura ya demasiado tiempo", recalcó.
Sandra Cossart, directora de Sherpa, otra de las oenegés demandantes, señaló su satisfacción por la apertura de la investigación preliminar, "que da testimonio de la implicación potencial de actores económicos en crímenes de los más graves a fin de aumentar sus márgenes de beneficios".
"Esta investigación permitirá a la justicia pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales de estas empresas", añadió Cossart en una declaración difundida tras el enuncio de la Fiscalía Nacional Antiterrorista.