Oviedo, 17 jun (.).- El Ministerio de Industria y el Gobierno del Principado van a empezar a "atender el interés de posibles inversores o compradores" que están pendientes de la evolución de la planta de Alu Ibérica en Avilés (antigua Alcoa (NYSE:AA)) con el fin de saber si en un futuro es posible mantener la capacidad industrial y los puestos de trabajo.
Lo que sí se ha dado prácticamente por descartada es la posibilidad de que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) u otro mecanismo, puedan formar parte de la solución, según ha señalado el presidente de su comité de empresa, Juan Manuel Gómez de la Uz, tras reunirse con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.
La reunión, celebrada en la sede del Gobierno asturiano, contó también con la presencia de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y del consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y se prolongó a lo largo de dos horas y media en las que se analizó la situación generada por la sentencia condenatoria de Alcoa.
La Audiencia Nacional ha condenado esta semana a la multinacional aluminera a cumplir con las condiciones en materia de extinción de contratos y recolocaciones de los trabajadores de las plantas de Avilés y La Coruña que pactó con los sindicatos a raíz de la venta de estas instalaciones a Parter, y que después fueron traspasadas al Grupo Riesgo.
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional entiende que "Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores" tras la compraventa, y llega a la conclusión de que la "reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo (...) no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado".
Esta sentencia, según ha aclarado el consejero de Industria, será objeto de análisis la próxima semana en una reunión de grupo que contará con la presencia de los servicios jurídicos del Ministerio, Principado y Ayuntamiento dado que hay que "interpretar el escenario" que se abre con ese fallo y las vías de acción de futuro que se abren y que pueden llevarse a cabo de forma coordinada en defensa de los trabajadores.
Lo que sí parece claro es que la factoría, que se encuentra intervenida judicialmente, puede encaminarse hacia el nombramiento de un administrador concursal que se encargue de hacer el inventario de los bienes de la antigua planta de Alcoa, según el consejero que ha señalado que al Ministerio han preguntado por la situación de la planta inversores del sector, aunque no han hecho ofertas en firme.
"Vamos a trabajar conjuntamente en ver quiénes son esos inversores y ver si en un futuro pueden hacerse con el control y tener por fin unos gestores serios solventes y rigurosos que hasta ahora no se han tenido por la mala fe de Alcoa", ha añadido.
De la Uz, que ha pedido una implicación real de sus gobiernos en la búsqueda de una solución que garantice el futuro y la actividad de la planta asturiana, ha reconocido que la "situación está muy mal", pero que aún hay tiempo para tratar de buscar una solución.
El Gobierno les ha transmitido que lo primordial son los puestos de trabajo, y aunque "tampoco dan una vía efectiva, como que la SEPI actúe ya", se van a explorar otras vías que puedan derivarse de la sentencia para mantener la actividad de las antiguas plantas de Alcoa.
Una vez se nombre un administrador judicial será el momento de buscar una solución para la fábrica, según De la Uz, que ha incidido en que las administraciones se han comprometido a retomar los trabajos con los posibles inversores que hay sobre la mesa.
No obstante, ha afirmado que, aunque quieren ser proactivos y aportar todo lo que puedan para encontrar un inversor para la fábrica de Avilés, son "bastantes pesimistas" de que a corto plazo pueda encontrarse un comprador.
"El gran culpable de esta situación fue Alcoa, pero las responsabilidades del Gobierno están ahí, se las exigimos y las han aceptado", ha afirmado el dirigente sindical que ha trasladado a la ministra que la principal preocupación que tienen ahora es que pueden dejar de cobrar en muy poco tiempo.
La ministra, según el presidente del comité, reconoció también que es difícil encontrar una solución a corto plazo y dejó bastante claro que es muy complicado que la SEPI actúe en este caso y "dejó bastante cerrado que no, aunque tampoco dijo que no del todo".