Roma, 19 oct (.).- La Comisión de Mercados y Competencia de Italia (AGCM) ha iniciado cuatro diligencias de investigación contra la española Iberdrola (BME:IBE) y las también proveedoras de energía Iren, E.ON (ETR:EONGn) y Dolomiti por modificar el precio del suministro de energía eléctrica y gas natural, a pesar de que estar suspendido por ley hasta el 30 de abril de 2023.
La autoridad italiana ha informado de que ha pedido información sobre las comunicaciones a sus clientes a otras 25 empresas por el mismo motivo.
La AGCM considera que las propuestas de modificación del precio del suministro de energía eléctrica y gas natural realizadas de manera unilateral se oponen a la ley aprobada el 21 de septiembre de 2022, que incluía ayudas ante la crisis energética, y que suspende hasta el 30 de abril de 2023 esta posibilidad.
En detalle, la ley impide modificar "las cláusulas contractuales que permiten a las empresas comercializadoras (de energía) modificar el precio de suministro, salvo que las modificaciones ya se hayan consumado antes de la entrada en vigor del decreto", indicó en su web.
En particular, de Iberdrola y E.ON se investiga "la comunicación con la que las empresas presentaban a los usuarios la resolución del contrato de suministro ante una factura excesiva, como alternativa a la aceptación de un nuevo contrato en condiciones económicas significativamente peores".
A Dolomiti, por su parte, se le impugna "la supuesta eficacia de las comunicaciones de modificación unilateral del precio de suministro por haber sido remitidas antes de la entrada en vigor del ley".
También se indaga a Iberdrola y Dolomiti por "el carácter engañoso de las comunicaciones que pondría de manifiesto la imposibilidad de suministrar energía eléctrica al precio contractualmente establecido por el incremento del precio del gas natural, en expresa y grave contradicción con las afirmaciones difundidas en los mensajes promocionales, según el cual la electricidad vendida procedería exclusivamente de fuentes renovables".
La AGCM añade que después de escuchar a las empresas y permitirles, en un plazo breve, ejercer su derecho de defensa, se evaluará si se dan las condiciones para adoptar alguna medida cautelar.
La decisión de Competencia fue aplaudida por el responsable del sector energético de la Unión Nacional de Consumidores, Marco Vignola, que pidió que ahora "no sólo se resuelva el procedimiento lo antes posible, sino también, dada la urgencia, que se tomen inmediatamente medidas cautelares para evitar un enorme perjuicio a los consumidores".
"Competencia ha aceptado plenamente nuestra tesis, que hemos mantenido desde el principio, es decir, que todas las comunicaciones enviadas a los consumidores a partir del 1 de mayo de 2022 son ineficaces y la variación contractual con el consiguiente aumento de precio ilegal", agregó.