WASHINGTON - La administración Biden ha presentado una nueva normativa laboral destinada a frenar la clasificación errónea de empleados como contratistas independientes. Se espera que esta medida amplíe las protecciones federales en materia de salario mínimo, cobertura sanitaria y baja por enfermedad remunerada a millones de trabajadores en Estados Unidos.
El reglamento, anunciado hoy, sustituye a una directriz anterior que era más favorable a los empresarios a la hora de clasificar a los trabajadores. Este cambio forma parte de los esfuerzos continuos de la Administración por apoyar los derechos de los trabajadores y proporcionarles prestaciones esenciales, que de otro modo podrían no recibir como contratistas independientes.
La norma entrará en vigor el 11 de marzo y establece seis criterios para determinar si un trabajador debe clasificarse como empleado con arreglo a la Ley de Normas Razonables de Trabajo. Está concebida como una orientación para las empresas, más que como un mandato directo para reclasificar a sus trabajadores.
A pesar de las preocupaciones iniciales del mercado cuando se anunciaron las normas propuestas en octubre de 2022, las acciones de empresas de economía colaborativa como Uber (NYSE:UBER) y Lyft (NASDAQ:LYFT) han experimentado desde entonces una recuperación. Estas empresas, que dependen en gran medida de contratistas independientes, han estado en el centro del debate sobre la clasificación de los trabajadores.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos empresariales han expresado su oposición a la nueva normativa, advirtiendo de que podría tener efectos adversos sobre la flexibilidad de los trabajadores. Están contemplando emprender acciones legales para impugnar la norma. Mientras tanto, las empresas de economía colaborativa, como Uber, siguen confiando en que sus conductores mantendrán su condición de contratistas, a pesar de los nuevos criterios.
La iniciativa de la Administración supone un paso importante para abordar las complejidades del mercado laboral moderno y pretende garantizar que los trabajadores reciban las prestaciones y protecciones a las que tienen derecho por ley.
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