Jerusalén, 9 ago (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha pedido a España tomar medidas urgentes contra CAF y GMV por su participación en un contrato ferroviario que considera un "proyecto ilegal" de Israel porque conecta zonas ocupadas de Jerusalén, según informó este miércoles la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.
El ministro de Economía de la ANP, Jaled Osaily, envió una carta al ministro de Industria, Comercio y Turismo de España, Héctor Hernández, en la que le exige que Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (BME:CAF) y el grupo tecnológico GMV "se retiren y dejen de trabajar de inmediato en este proyecto ilegal", indicó Wafa.
"Es una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas (...) porque el proyecto busca unir los asentamientos (de judíos israelíes) de Jerusalén Este con la parte occidental de la ciudad", añade la misiva.
Osaily afirma que las dos empresas violan la ley "no solo porque están haciendo negocios en asentamientos ilegales, sino también porque contribuyen al desplazamiento forzado de civiles palestinos y a la ruptura de los lazos entre sus comunidades".
Israel ocupó Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y en 1980 se anexionó ese territorio de manera unilateral y sin el reconocimiento de la ONU. Actualmente, Israel controla de facto toda Jerusalén, a la que considera su capital indivisible, mientras que la ANP espera que la parte este de la ciudad sea la capital de su futuro Estado.
Amnistía Internacional denunció en junio que CAF "se hace partícipe y beneficiaria de la ocupación (israelí) y actúa en contra de todos los compromisos que dice respetar en materia de derechos humanos".
En agosto de 2019, CAF consiguió como parte de un consorcio la adjudicación de la ampliación del tren ligero en Jerusalén.
Su socia en el proyecto, la israelí Shapir, está incluida en una lista del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de compañías que contribuyen y se benefician de las violaciones a los derechos de la población palestina, y más de 30 organizaciones de derechos humanos han pedido a la ONU la inclusión de CAF en la lista, según Amnistía Internacional.
Israel puso sobre la mesa 1.800 millones de euros para poner en funcionamiento 28 kilómetros de vías de tren ligero, y aunque varias empresas ferroviarias internacionales lo rehusaron, CAF tomó el proyecto y se presentó a nuevas licitaciones para las dos nuevas líneas en los territorios palestinos ocupados, denunció la ONG con sede en Londres.