Santiago de Compostela, 19 ene (.).- La Xunta de Galicia ha emitido hasta este jueves una declaración de impacto ambiental ( DIA (BME:DIDA)) positiva para 66 proyectos de parques eólicos de los 140 que se han presentado y que perderán su permiso de conexión y acceso a la red si no cuentan con este informe favorable antes del 25 de enero.
En total, el Gobierno gallego ha emitido una DIA para 92 de estos parques -de los que 26 tienen un resultado desfavorable- por lo que son 48 los quedan pendientes de informe como ha establecido el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que les supondría ser archivados si no cuentan con una declaración de impacto ambiental.
De todas maneras, la Xunta ha establecido una modificación normativa, incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2023 (que entró en vigor el 1 de enero), para que los proyectos eólicos que no cuenten con una DIA emitida en la fecha fijada puedan "continuar su tramitación", según ha explicado el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde.
Conde ha comparecido este jueves, junto con el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, porque el Gobierno autonómico ha realizado una análisis del estado actual y las perspectivas de los proyectos eólicos.
Al Ejecutivo central, Rueda le ha pedido que sea "estricto en el cumplimiento de los plazos que él mismo puso", también en la tramitación de los proyectos que le corresponden, los de más de 50 megavatios, y actúe con la "misma diligencia" que le está pidiendo a la Xunta.
Por su parte, Conde ha asegurado que la Xunta "está respondiendo" a estos plazos para lo que ha tenido que hacer un "esfuerzo" que le ha supuesto la contratación de 120 personas para abordar "la tramitación de un elevado número de expedientes".
Entre ellos los informes relativos a 13 proyectos eólicos que le corresponde tramitar al Gobierno central, vinculados al suministro de electricidad para las empresas Alcoa (NYSE:AA), Sowa Denko y Sentury, a los que la Xunta ha pedido que se dé continuidad para poder garantizar la viabilidad de estas empresas.
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