Santiago de Compostela, 16 feb (.).- El Gobierno gallego espera que, el expediente abierto por la Comisión Europea a España por falta de transparencia en el proceso de concesiones en la zona de costa, no afecte a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la permanencia de Ence (BME:ENC) en la ría de Pontevedra.
La Comisión Europea abrió ayer miércoles un expediente a España por considerar que la legislación nacional sobre las concesiones a la construcción en zonas costeras se producen sin un proceso transparente de selección y pueden prolongarse más allá de lo permitido por el Derecho comunitario.
En su comparecencia este jueves tras el Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha considerado que dicho expediente tampoco afectará a la ley de ordenación del litoral autonómica que está elaborando.
Según Rueda, el Gobierno gallego no tiene otra información al respecto que la de los medios de comunicación, por lo que ha reclamado al Gobierno central que le facilite información "cuanto antes" sobre el procedimiento.
Pero, en todo caso, considera que el expediente se refiere a la "prórrogas automáticas" de concesiones y este no es el caso de Ence, por lo que también ha pedido al Gobierno que "no caiga en la tentación" de crear "incertidumbre" a este respecto tras el pronunciamiento del Supremo.
Sobre el proyecto de ley del litoral de Galicia, ha afirmado que tampoco "entraría en colisión" con la normativa europea, ya que no es para "innovar", sino para dar "seguridad jurídica", y no trata "en ningún caso" de modificar la legislación estatal.
El grupo empresarial Ence ha descartado este jueves, en un comunicado, que les afecte la decisión comunitaria, ya que la legalidad de la prórroga para ocupar terrenos costeros en la ría de Pontevedra hasta 2073 acaba de ser avalada por el Tribunal Supremo.
El fallo, según Ence, no se podrá ver afectado "por modificaciones legislativas que puedan tener lugar con posterioridad".
Según Ence, incluso en un "hipotético escenario futuro" en el que, como consecuencia de ese procedimiento, España tuviera que modificar la Ley de Costas, este cambio normativo "no tendría en ningún caso carácter retroactivo" y se aplicaría a concesiones futuras.
Para el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el procedimiento de la Comisión Europea "reafirma" y "coincide plenamente" con la postura del consistorio gallego para recuperar la ría y reubicar la fábrica pastera.
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