Madrid, 23 feb (.).- Las plataformas digitales reclaman al menos nueve meses para regularizar como asalariados a sus repartidores -los denominados "riders"-, frente a los tres meses planteados por el Gobierno en el último borrador del decreto ley que fijará la laboralidad de estos trabajadores.
Según han confirmado a EFE fuentes del diálogo social, esta es la petición defendida por la patronal en los encuentros técnicos que están teniendo con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para tratar de cerrar el texto definitivo de la norma que trasladará al marco legal la sentencia del Supremo que reconoció a los "riders" como falsos autónomos.
El último borrador presentado la semana pasada por Trabajo a los agentes sociales incluía una disposición transitoria única que establece que las empresas afectadas por la norma deberán dar de alta a las personas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social "como máximo, en el día primero del tercer mes a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley".
El decreto ley tendrá un artículo único por el que se introducirá una nueva disposición adicional vigésimo tercera en el Estatuto de los Trabajadores sobre la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
Esto supone que la norma solo afectará a empresas como Glovo, Deliveroo, Uber (NYSE:UBER) Eats o Stuart, que contratan como autónomos a repartidores a domicilio en bicicleta y que se han enfrentado a inspecciones de trabajo y denuncias en los juzgados por esta cuestión.
El extender la regulación a todas las plataformas digitales era una condición inicial planteada por los sindicatos y rechazada de plano por la CEOE, que prefiere una ley acotada únicamente a la actividad sobre la que se ha pronunciado expresamente el Tribunal Supremo.
No obstante, el documento propuesto por Trabajo para el acuerdo social dice que el decreto ley abarcará solo lo que es urgente (la laboralización de los "riders"), pero que será necesario abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores para hacer partícipes a los trabajadores "de todo aquello que, vinculado a los algoritmos, está cambiando nuestra realidad laboral".
Estos cambios se dejan para un futuro anteproyecto de ley en el que se regularía la garantía de acceso de la representación de los trabajadores a la información algorítmica utilizada por la empresa "para la toma de las decisiones que puedan incidir directa o indirectamente en las condiciones de trabajo, el acceso o el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles".