Madrid, 9 abr (.).- La visa dorada, que permite dar el visado o una autorización de residencia a extranjeros no residentes en la UE que adquieran una vivienda a partir de 500.000 euros, conlleva numerosos riesgos, según denuncia Transparencia Internacional, desde el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos o hacer de ello un negocio.
En un informe, creen que sin los debidos controles los visados dorados (también conocidos como "golden visa") pueden proporcionar una gran oportunidad también para alterar identidades; huir a jurisdicciones sin extradición; acceder ilícitamente a sistemas financieros; cometer fraudes; corrupción y diferentes tipos de delitos financieros, entre otros riesgos.
En el caso de España, sostiene que presenta vulnerabilidades tanto en el diseño del programa, la regulación, la implementación, así como en el control, seguimiento y aplicación de medidas correctivas.
De esta forma, apunta que no existen medidas con la suficiente diligencia y que hay una falta de investigación de antecedentes pormenorizada y de verificación del origen de los fondos.
La organización, que se dedica al movimiento anticorrupción y que está presente en España desde 2006, denuncia la falta de regulación adecuada y el insuficiente intercambio de información entre los distintos organismos. También la falta de control a intermediarios, agentes y facilitadores, y la existencia en España de un silencio administrativo positivo "absolutamente peligroso" para la concesión de estos permisos que no existe en ningún otro país para estos programas.
Este silencio conlleva que en la práctica se termine concediendo estos visados a inversores extranjeros sin un análisis exhaustivo de los requisitos al querer primar la flexibilidad y la agilidad en estos casos.
Transparencia Internacional España sostiene además que estos visados a cambio de compra de inmuebles se han convertido en un negocio, lo que explica por qué la migración de inversiones es una industria en crecimiento.
También indica que pueden vulnerar el derecho a la igualdad, otorgando un trato diferenciado a los extranjeros que cuentan con un determinado poder adquisitivo para invertir en el país, en detrimento de las que deben seguir los trámites ordinarios para tramitar sus visados o autorizaciones de residencia.
Chinos, rusos, iranís, estadounidenses e ingleses, a la cabeza
La institución critica además la falta de transparencia y de información respecto a la concesión de estas visas doradas.
En su informe apunta que entre 2008 y 2018, la UE acogió más de 6.000 nuevos ciudadanos y cerca de 100.000 nuevos residentes a través del procedimiento de evaluación de los visados dorados. En 2018 España, junto a Hungría, Letonia, Portugal y el Reino Unido, era uno de los que había otorgado más visas doradas, más de 10.000 cada una, a inversores y sus familias.
Durante los últimos diez años aproximadamente (desde la promulgación de la Ley por parte del Gobierno del PP en 2013 hasta septiembre de 2023) se habían concedido 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades y en su mayoría (96,18 %) fue gracias a la adquisición de inmuebles.
En este periodo España concedió 2.712 visados a inversores chinos (el 99,3 % por la adquisición de inmuebles) y 1.159 a rusos (el 94,6 % por la compra de activos inmobiliarios), en virtud de la información recibida por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A ellos le siguen los iraníes con un total de 203 visados (el 99 % gracias a la adquisición de inmuebles); los estadounidenses, a quienes se les concedieron 179 visados (94,97 % por bienes inmuebles) e inversores del Reino Unido con 177 visados (93,7 % por la compra de activos inmobiliarios).
En menor medida destacan los visados concedidos a inversores procedentes de Egipto (143 visados), Ucrania (143 visados), Filipinas (122 visados), México (114 visados), Venezuela (98 visados) y Arabia Saudita (89 visados).
Según los últimos datos del Ejecutivo que cita El País, entre 2013 y 2022 la concesión de visados dorados por todo tipo de inversiones sumaban casi 11.500. De ellos, unos 10.800 (el 93,9 %) se referían solo a compras de vivienda u otros inmuebles.
Entre las recomendaciones Transparencia abogaba por reforzar las inspecciones, revisar los antecedentes penales; el origen de los fondos; eliminar el silencio administrativo positivo; hacer una auditoría independiente; impulsar el intercambio de información con la UE; la transparencia y a largo plazo eliminar la visa dorada o reformar su regulación.