París, 15 feb (.).- Un contrato conseguido en 2019 en Israel por CAF (BME:CAF), que lidera un consorcio que incluye a otra empresa española, GMV, es objeto de un "proceso de mediación" establecido por la OCDE debido a que el proyecto de tren ligero en las cercanías de Jerusalén pasa por colonias ocupadas en la Cisjordania palestina.
Fuentes oficiales españolas en París confirmaron este miércoles a EFE que el llamado Punto Nacional de Contacto (PNC) tiene abierto un procedimiento que "está en una fase de seguimiento", una vez que El Periódico de España ha revelado los nombres de CAF y de GMV.
El PNC, que es un organismo público establecido para el cumplimiento de los principios directores de la OCDE para las multinacionales, en el que están implicados diferentes Ministerios, no ha querido dar los nombres de esas empresas porque había decidido llevar a cabo el procedimiento con confidencialidad, a petición de las compañías.
Las fuentes señalaron que se establecieron unas recomendaciones en forma de una "diligencia de vida" para que las empresas prevean en su actuación cuáles son los riesgos potenciales que afrontan.
Aunque no dieron más precisiones sobre esos riesgos potenciales, por la naturaleza del contrato se entiende que se refieren en particular al hecho de que el contrato contempla la construcción de estaciones para el tren ligero en colonias establecidas en territorios palestinos ocupados por Israel.
La acción del PNC no prevé ninguna evaluación de las medidas que les tienen que comunicar las compañías (CAF tiene de plazo hasta mayo para enviar su informe y GMV hasta enero de 2024) y tampoco ningún tipo de sanción porque por definición su estatuto no lo contempla.
El fabricante de trenes CAF había anunciado en agosto de 2019 que, en asociación con la constructora israelí Saphir, se había adjudicado el proyecto para la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos para la extensión de la llamada Línea Roja y el desarrollo de una nueva Línea Verde.
El contrato incluye el diseño y suministro de 114 tranvías de tipo Urbo para la Línea Verde y la rehabilitación de 46 en la Línea Roja, y representaba para CAF más de 500 millones de euros. La nueva red debía estar completamente operativa en el año 2025.
Según El Periódico de España, el PNC se activó en este caso a instancias del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una ONG que consideraba que al atravesar esas líneas colonias establecidas en infracción con la legalidad internacional, a través de la nueva infraestructura se está normalizando y facilitando la ocupación.