La Paz, 18 jul (.).- Opositores bolivianos criticaron este lunes al Gobierno de Luis Arce y al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, por el fallo internacional que obliga al país a indemnizar con 105 millones de dólares al banco español BBVA por los retrasos en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones de Bolivia.
El expresidente boliviano y líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, criticó en Twitter (NYSE:TWTR) que una vez más "el gobierno termina pagando más de lo que pedían los arbitrajes", como a su juicio pasó en el caso de la empresa chilena Quiborax, otro proceso en el que Bolivia fue multada.
"Por la ineptitud o la corrupción de los Procuradores masistas, se generan pérdidas inaceptables que seguramente (el presidente Luis) Arce va a socapar, como lo hizo el dictador prófugo", señaló Mesa, aludiendo al exmandatario Evo Morales en la parte final de su mensaje.
También en Twitter, el empresario opositor Samuel Doria Medina consideró que "los últimos años están alfombrados de 'errores' que le costaron muchos millones al país".
"Bolivia podía pagar $15 millones por Previsión. Pero no fue capaz de nacionalizarla correctamente y ahora debe $95 millones. ¿Quién responde por la diferencia?", cuestionó.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó recientemente un laudo arbitral en el que obliga a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BME:BBVA) con 105 millones de dólares por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
El banco español inició el arbitraje en 2018 después de que, tras presentar varias propuestas, no fuera posible un acercamiento de posturas con el Gobierno boliviano respecto a la valoración del negocio.
En 2009, el país decidió nacionalizar los servicios de pensiones, pero la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se constituyó recién en 2015 y hasta el momento no ha tomado la labor de administración del sistema de jubilación.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), contrario al oficialismo, emitió un pronunciamiento en el que recuerda que el arbitraje iniciado por BBVA "es por no haber implementado la Gestora".
"Se han gastado millones, se pagan honorarios altísimos, se han comprado paquetes informáticos que no han funcionado, y la Gestora aún no ha podido asumir el rol de las AFP (administradoras de fondos de pensiones). El daño económico es mucho más alto que la pérdida del arbitraje", alertó esa entidad.
CONTRA EL PROCURADOR
El Conade señaló que el caso de BBVA demuestra "una vez más la incapacidad y falta de especialización en temas de solución de controversias internacionales de los funcionarios de la Procuraduría General, que perdió once arbitrajes, más de 700 millones de dólares en contra de las arcas estatales".
También demandó la renuncia de Chávez, que fue abogado defensor de Morales, líder del oficialismo, "porque vimos en su actuar una exclusiva labor de representación de los intereses del jefe del partido de gobierno antes que una idónea defensa de los intereses del país".
El diputado de CC Alberto Astorga consideró que Chávez "es un estorbo para el pueblo boliviano" porque la indemnización a BBVA "va a salir de los bolsillos" de la gente y no del oficialismo.
Astorga criticó que el procurador se haya dedicado a "contar actas de las elecciones fraudulentas de 2019" y no cumpla con sus funciones de "defender los intereses del Estado".
El senador de la fuerza opositora Creemos Henry Montero señaló que Chávez "debe irse" porque su trabajo era "defender los intereses del Estado y no contar actas".
"Se les paga para eso y no cumplen, se ponen a hacer otra tarea política de tratar de lavar la imagen de Evo Morales y no de cuidar los intereses de los bolivianos", consideró Montero.
Por su parte, el diputado del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Juanito Angulo consideró que la decisión del CIADI es "injusta" y está "fuera de contexto" porque no tomó en cuenta los argumentos presentados por el Estado boliviano.
Para Angulo, la oposición busca con sus críticas "politizar este hecho jurídico" y aseguró que el Estado asumirá "con la responsabilidad correspondiente" las próximas acciones dentro del caso, ratificando la posición dada por el Gobierno y la Procuraduría el fin de semana.