Buenos Aires, 22 may (.).- La Justicia argentina ordenó reanudar la obra de saneamiento para el mayor basurero a cielo abierto del país, ubicado en Luján (provincia de Buenos Aires), que cuenta con una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 10,7 millones de dólares (unos 9,8 millones de euros), informaron este miércoles fuentes oficiales.
Según el comunicado del Ministerio Público de la Defensa -ente autárquico que depende del Ministerio Público Fiscal-, el Juzgado Federal de Mercedes, por medio del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tomó la decisión de dejar sin efecto la medida cautelar, emitida el 21 de abril de 2023, que suspendía la ejecución del proyecto.
"El juez sostuvo que la paralización de las obras lleva a que se suspendan los desembolsos internacionales pactados para invertir en infraestructura ambiental, la posibilidad de afrontar futuros reclamos judiciales y poner en crisis la política de erradicación de basurales a cielo abierto en nuestro país”, indicó el documento.
Este basurero lleva 50 años en funcionamiento, es el más grande del país entre más de 5.000 vertederos a cielo abierto con órdenes de cierre y es habitado por generaciones de familias pobres, que viven de la separación de residuos reciclables.
En este sentido, la defensora pública oficial, Verónica Vieito, indicó que el proyecto de saneamiento llamado Centro Ambiental Luján (CAL) avanzó cumpliendo los requisitos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y destacó que la obra fomenta la inclusión social de los recuperadores informales en sus condiciones de trabajo, ingresos y el acceso a derechos.
Por otra parte, la defensa pública consideró que la paralización de las obras "lesiona gravemente los intereses del pueblo de Luján" y "pone en riesgo el financiamiento", lo que implicaría que el Estado argentino debiera cubrir los gastos ya invertidos por el BID.
Pese a contar con la declaración de "ambientalmente apto" por parte del antiguo Ministerio de Ambiente -hoy Subsecretaría incluida en la Secretaría de Turismo y Deportes-, la Justicia había paralizado la actividad por informes técnicos de consultores que advirtieron falencias socioambientales que podrían generar mayores riesgos si continuaba el vuelco de residuos, mientras seguían las obras.
Sin embargo, las circunstancias cambiaron a raíz de afirmaciones por parte de autoridades ambientales de la provincia de Buenos Aires, que aseguraban que la continuidad del proyecto era la mejor opción en beneficio del ambiente y las personas.
"El posible perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proyecto resultaría sensiblemente menor en comparación a la actual situación ambiental o al agravamiento que podría darse por la suspensión del avance de las obras", sumó el magistrado Tezanos Pinto al ordenar la continuidad de la obra.
El objetivo es construir una planta de tratamiento de residuos secos y reciclables, reduciendo las doce hectáreas de superficie de basura a cielo abierto hasta desaparecer, levantar un parque ecológico tapándolo con tierra y aplanando todo material sin tratamiento.