Managua, 12 ago (EFE).- La emisora Radio Darío, que operaba en el noroeste de Nicaragua, anunció este viernes que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó su cierre inmediato, después de 73 años de transmisión.
“El día de hoy se presentaron a las instalaciones de Radio Darío delegados de Telcor a cerrar la emisora y a sacar del aire la estación, en un intento más de silenciar la verdad y de aplastar la libertad de expresión”, dijo el propietario de la radioemisora, Aníbal Toruño, desde su exilio en Estados Unidos.
El Gobierno de Nicaragua basó su decisión en que “Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, son la previa autorización de Telcor, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia”, según la notificación estatal publicada por Toruño.
El propietario de la radioemisora calificó el argumento de Telcor como “espurio, falso, mentiroso”, debido a que desde 2008 la legislación nicaragüense da “prórroga a las estaciones de manera indefinida”.
La Radio Darío es la décima radioemisora no oficialista cancelada en Nicaragua en las últimas dos semanas, después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega hizo lo propio con ocho radioemisoras católicas y una feminista.
En este tiempo también fueron clausurados dos canales de televisión independientes.
Desde su fundación en 1949, la Radio Darío “ha estado marcada por cierres, atentados, y seis destrucciones”, más cárcel y exilio de su fundador, Juan Toruño Calderón, y del actual propietario, informó el dueño.
La radioemisora ya había sufrido tres allanamientos por parte del Gob
Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), el Gobierno de Ortega ha llevado al exilio a más de 120 periodistas, incluida la redacción del diario La Prensa, la desaparición de la prensa escrita, y de programas de televisión y radios críticos con el Gobierno local.
En 2018 una serie de manifestaciones multitudinarias contra Ortega fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el primer año dejaron al menos 355 muertos, de los cuales Ortega ha admitido 200.
La crisis se agudizó con las elecciones generales de noviembre pasado, cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.