Madrid, 30 ene (.).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y sindicatos del sector han reclamado este martes al Gobierno mecanismos estables para actualizar los precios en la contratación pública ante el incremento del coste de los materiales, la energía y la mano de obra.
Los actores sociales creen que la ley de desindexación vigente, que desvincula el avance del IPC y la actualización de los precios de los contratos públicos, desincentiva la presentación de ofertas y pone contra las cuerdas a pequeñas y medianas empresas con concesiones a largo plazo, sin músculo económico para asumir la inflación.
Entre 2021 y 2022, en un escenario marcado por las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania, el sector registró un aumento de precios similar al que se produjo en el periodo de quince años entre 2005 y 2020, ha afirmado en una rueda de prensa Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC.
En 2023, los valores se estabilizaron, pero no bajaron, apunta Fernández, que señala que ese escenario explica por qué cerca del 10 % de las licitaciones en la contratación pública española no se llegaron a ejecutar en 2022, porque las empresas decidieron abandonarlas.
Los márgenes comerciales en la construcción han pasado del 4,7 % en 2019 al 3,4 % en 2022, un ajuste complica la situación de las compañías cuando aumentan los costes de un contrato a largo plazo.
La situación es "extremadamente complicada" para una empresa que debe anticipar los gastos que generará una obra a 24 o 36 meses vista, recalca el responsable de la patronal, que subraya la seriedad del problema en un momento en el que la llegada de fondos europeos está multiplicando los proyectos públicos.
Entre enero y noviembre de último año, se licitaron en España obras públicas por valor de 25.310 millones de euros, y se espera que la cifra total del año sea similar a la de 2022, cuando se licitaron 30.074 millones de euros, según los datos de la CNC.
Fernández asegura que los ministerios encargados de la inversión y la ejecución de contratos, como los responsables de la vivienda y el transporte, ven "positivo" un ajuste en la ley de desindexación, mientras que los departamentos económicos de los gobiernos son partidarios de "cerrar el grifo".
Representantes de los sindicatos CCOO y UGT han apuntado este martes en una rueda de prensa conjunta con la CNC que comparten en buena medida el diagnóstico hecho por la patronal, aunque discrepan en algunos aspectos.
"En el sector de la construcción no vamos a tener ningún problema para ponernos de acuerdo para plantar una propuesta conjunta al gobierno", indica Mariano Hoya, secretario general del Comité Federal de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA).
Hoya coincide en la necesidad de modificar la ley de desindexación para tener en consideración situaciones como la subida de los precios de los últimos años, pero también defiende cambios en la ley de contratación pública para evitar que las empresas presenten ofertas demasiado ajustadas para ganar licitaciones.
Hace ese mismo análisis Daniel Barragán, secretario general de CCOO del Hábitat, que apunta que las empresas logran ganar concursos públicos con perspectivas de márgenes "irrisorios", lo que les impide maniobrar en caso de incrementos en los costes, tanto de materias primas como de la mano de obra.
"La ley de contratación pública debe marcar un límite mínimo, por debajo del cual no se puede licitar", considera Barragán, que advierte de que la inflexibildad de los contratos públicos dificulta la negociación colectiva con las empresas.