LIMA, 4 abr (Reuters) - Perú adjudicó el jueves a un consorcio liderado por la firma de infraestructura y autopistas Cintra, una subsidiaria de la gigante española Ferrovial (BME:FER), la ejecución de un proyecto vial de 3.400 millones de dólares, bajo la modalidad de asociación público-privada, dijeron funcionarios del Gobierno.
La agencia promotora de las inversión en el país, Proinversión, informó que el plan vial comprende la construcción de una autopista de 35 kilómetros de longitud que conectará 12 distritos de Lima, con una concesión durante 30 años.
La concesión de este proyecto fue anunciada por el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, que destacó el volumen de inversión, el mayor en los últimos 10 años entregado por la agencia para un plan de infraestructura vial.
Para desarrollar este proyecto se contempla unos 2.300 millones de dólares de inversión y 1.100 millones de dólares en la liberación de predios y otros gastos, según el perfil de la obra. En el consorcio, llamado "Anillo Vial Periférico", Cintra tiene un 35% de participación, mientras que las también españolas Acciona (BME:ANA) y Sacyr (BME:SCYR) poseen un 32,5% cada una.
El grupo de Cintra tendrá que diseñar, construir y operar la infraestructura vial que incluye túneles y viaductos, según la agencia, en busca de aligerar el caótico tránsito en la ciudad de Lima y el Callao, con unos 10 millones de habitantes.
El director comercial de Cintra en América Latina, Federico Gredilla, dijo en un discurso que "se trata de un gran reto" la ejecución del proyecto en una muestra de confianza al grupo. La obra se construirá en un plazo de 9,5 años, según Proinversión.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, envuelta actualmente en un escándalo político, busca impulsar las inversiones en el país minero, que sufrió el año pasado una recesión económica en su peor desempeño desde fines del siglo pasado, sin contar los efectos de la pandemia en el 2020.
"Solamente saldremos de la recesión siendo un país mas seguro y confiable", dijo el primer ministro, Gustavo Adrianzén, en la ceremonia de adjudicación, una día después de recibir el respaldo del Congreso en medio de una turbulencia política.
La concesión de 30 años ofrece a las empresas la posibilidad de recuperar y sacar partido a su inversión a través del cobro de peajes en las carreteras dentro del proyecto.
(Reporte de Marco Aquino; Editado por Aida Peláez-Fernández)