Barcelona, 10 jul (.).- Los fondos acreedores y Celsa, en manos de la familia Rubiralta, protagonizan mañana martes un nuevo capítulo en su disputa por el control del gigante siderúrgico: tras una semana de declaraciones, con sesiones de mañana y tarde, el juez escuchará los alegatos finales de los representantes legales de las partes.
Por un lado, los fondos acreedores -entre los que se cuentan Deutsche Bank (ETR:DBKGn), SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital y que controlan un 90 % de la deuda de Celsa, situada alrededor de los 3.000 millones-: proponen, en base a la nueva ley concursal, convertir 1.291 millones de euros en el 100 % de las acciones del grupo.
Por el otro, la familia Rubiralta, fundadora del grupo en 1967, que antes de que tuviera lugar el juicio, en febrero, movió ficha y se abrió a que los acreedores entraran en su accionariado con hasta un 49 % del capital, una opción que los fondos descartaron.
Entre medias, un rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 550 millones -aprobado pero no concedido, pues está condicionado a que exista un acuerdo entre las partes-, unos 10.000 empleados llenos de dudas sobre su futuro y diversos informes sobre cuánto vale Celsa, lo que es la clave del juicio.
Tras la sesión de mañana, que arrancará a las 9.30 horas, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, dará el "visto para sentencia".
¿CUÁNTO VALE CELSA?
Celsa tiene importes de deuda vencidos por valor de 1.128 millones, en el caso de la financiación 'jumbo', y de 1.139 millones en cuanto al instrumento convertible.
Los fondos -que se hicieron con estas deudas, antes en manos de los bancos, con importantes descuentos- se apoyan en el análisis llevado a cabo por Lexaudit, designado por el juez como mediador entre las partes, que ha valorado a la siderúrgica en entre 2.400 y 2.775 millones de euros.
Pero sobre la mesa hay otros informes, como el de Lazard (NYSE:LAZ), que valora a Celsa en unos 6.200 millones; el de BDO, que considera que Lexaudit ha cometido "graves errores y defectos metodológicos" a causa de los que ha dejado de contabilizar un valor de más de 2.000 millones; o la opinión del catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza José Antonio Laínez, que ha defendido que Celsa es "plenamente solvente".
LA PREOCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El viernes, tras cinco jornadas de juicio, CCOO y UGT tomaron la palabra y, en un comunicado, mostraron su "preocupación" por si los fondos se hacen con el control de la multinacional, ya que aseguran que no ofrecen "ninguna garantía" de que vayan a preservar los puestos de trabajo.
Pese a que los acreedores han insistido en que su plan de reestructuración no incluye "ni cierres de plantas ni deslocalizaciones", estos dos sindicatos han afirmado sentirse "ninguneados" por ellos al no haberles explicado "absolutamente nada sobre cómo piensan garantizar los cerca de 10.000 puestos de trabajo del grupo".
Ante el juez, los fondos, además de mostrar su intención de preservar el empleo, han asegurado que dirigirá la compañía "un consejo de administración independiente con gente de renombrado prestigio".
EL APOYO DE LOS GOBIERNOS
La Generalitat catalana, el gobierno de Euskadi y el de Cantabria (comunidades en las que el grupo cuenta con centros de trabajo en España) han mostrado su apoyo sin fisuras al actual proyecto industrial de Celsa.
El ejecutivo catalán ha censurado "cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial", en clara alusión al plan presentado por los fondos.
Además de CCOO y UGT, la patronal Foment del Treball también ha salido en defensa de Celsa, ya que "contribuye al crecimiento de la industria del territorio y a su reindustrialización y trabaja por la transformación industrial aplicando innovación y digitalización en sus procesos".
Celsa, uno de los mayores productores de acero de Europa y de los principales consumidores industriales de energía de España, cuenta con seis grupos empresariales y presencia en nueve países del continente.