Buenos Aires, 27 sep (.).- El fiscal federal Guillermo Marijuan procedió este miércoles al registro del Banco Nación, tras la imputación a su titular, Silvia Batakis, y la gerenta general, María del Carmen Barros, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y peculado.
Según confirmó a EFE la diputada opositora Graciela Ocaña, quien denunció ante la Fiscalía el "festival de contrataciones" revelado por una investigación periodística el fin de semana, Marijuan "imputó a las funcionarias y está en este momento tomando medidas, entre ellas el allanamiento del Banco Nación".
La exministra de Economía y actual presidenta del estatal Banco de la Nación Argentina (BNA) fue imputada por incumplimiento como funcionario público, entre otros delitos, a partir de contrataciones irregulares que incluyen incluso a una numeróloga.
Batakis ocupó en julio de 2022 la jefatura de Economía por solo 24 días, tras la renuncia del anterior jefe, Martín Guzmán, y hasta que fue nombrado el actual, Sergio Massa, haciendo que en un mes Argentina tuviera tres ministros de Economía en medio de fuertes vulnerabilidades macroeconómicas.
La denuncia hecha por Ocaña sostiene que Batakis y Barros habrían avanzado sin contar con el aval del directorio del BNA con la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como 'Pitty, la numeróloga' para "un curso de 'coach'" por la suma de 1.800.000 pesos (unos 4.665 euros).
También se denunció la designación del exmarido de Batakis, Héctor Javier Silva, en el cargo de gerente de sistemas del banco, el nombramiento del hijo de Barros Juan Pablo Pedemonte, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA, y de un amigo de Barros Maximiliano Piantanida, en el cargo de gerente departamental.
Además, la autorización de parte de Batakis para que Barros perciba diversos premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual de 9 millones de pesos (24.000 dólares) y para que la pareja de Barros, Juan Manuel Romero, perciba una remuneración mensual aunque va poco a trabajar.
"El caso es más que vergonzoso. No solo se habrían contratado amigos y familiares por cifras siderales, sino también a una 'numeróloga' para servicios personales, que pagamos todos los argentinos. Exigimos su renuncia y también que rindan cuentas a la sociedad como corresponde", pidió Ocaña en el portal Change.org.
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