Paula Fernández
Lisboa, 18 abr (EFE).- Catorce meses después de su primer intento, el español Caixabank (MC:CABK) vuelve a la carga para hacerse con el control del Banco Portugués de Inversión (BPI) (LS:BBPI), la quinta mayor entidad financiera del país, a través de una nueva opa.
La propuesta surge como respuesta al delicado momento que atraviesa el BPI, obligado por Bruselas a desprenderse de su negocio en Angola bajo pena de recibir sanciones y cuyos dos principales accionistas (Caixabank y la inversora angoleña Isabel dos Santos) no logran ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo.
En teoría, los dos alcanzaron un consenso el pasado 10 de abril para deshacerse de la división angoleña -aunque en ningún momento explicaron los detalles de la operación-. Siete días más tarde, el pacto quedó "sin efecto".
La oferta de la firma catalana refleja que ahora valora el BPI en torno a los 1.600 millones de euros, frente a los 1.900 millones de evaluación de febrero de 2015.
Con esta opa, Caixabank pretende hacerse con el control del quinto mayor banco de Portugal, en cuyo accionariado está presente desde 1995.
Con unos activos valorados en cerca de 40.600 millones de euros al cierre de 2015, el BPI sólo es superado por la estatal Caixa Geral de Depósitos, el Banco Comercial Portugués (LS:BCP), el Novo Banco y recientemente también por el Totta, filial lusa del Banco Santander (MC:SAN) que mejoró en este "ranking" con la compra del Banif (LS:BANIF).
El BPI ha destacado por su presencia en los países de África de habla portuguesa, principalmente Angola y Mozambique, antiguas colonias lusas, donde se concentran más de 8.000 millones de euros de los activos totales del banco.
De hecho, de los 236 millones de beneficio que obtuvo el BPI en 2015, más de la mitad -casi 136 millones- fueron generados por el Banco de Fomento de Angola (BFA), la entidad que se encuentra en el centro de la polémica y de la que debe desprenderse para no ser multado por Bruselas.
El Banco Central Europeo (BCE) pide desde diciembre de 2014 a las entidades comunitarias que reduzcan su exposición a Angola, al considerar que no cuenta con un sistema de supervisión bancaria equivalente al europeo.
El BPI no es una excepción, y su consejo de administración propuso escindir el negocio en Angola en febrero de este año, pero la negativa de Dos Santos impidió que la medida saliera adelante.
La inversora angoleña -considerada la mujer más rica de toda África e hija del presidente de su país desde hace 36 años- cuenta con una participación del 18,6 % en el BPI, lejos del 44,1 % que ya tiene en sus manos Caixabank.
Sin embargo, en la entidad existe un límite a los derechos de voto fijado en el 20 % que, en la práctica, le otorga casi el mismo poder que a la firma catalana.
La supresión de este blindaje es uno de los requisitos incluidos en la nueva opa de Caixabank, e incluso el Gobierno luso decidió actuar para evitar situaciones de bloqueo como la que se vive en la entidad lusa al aprobar una modificación legislativa que permitirá suspender la aplicación de este tipo de límites en determinados casos.
Como tercer accionista del BPI figura la aseguradora alemana Allianz (DE:ALVG), con cerca del 8 % de los títulos, y en cuarta posición se sitúa el grupo portugués Violas Ferreira, con un porcentaje del 2,68 %.
El BPI cuenta con una red de más de 800 oficinas y cerca de 8.500 empleados, de los cuales un 31 % trabaja en su división de Angola.
La entidad cerró 2015 con su ratio de solvencia CET1 en el 10 % y su producto bancario -equivalente a los ingresos de la entidad- ascendió a 1.182 millones de euros, un 37,8 % más que en 2014.
Durante la crisis, y afectado por su exposición a la deuda griega, irlandesa, italiana y portuguesa, recibió un préstamo de 1.500 millones de euros de los organismos internacionales a través de instrumentos de capital contingente ("CoCos") que terminó de pagar de forma anticipada en 2014.