Madrid, 23 ene (.).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que su departamento tiene una propuesta trabajada con asociaciones de familias numerosas para la reforma del acceso de este colectivo al bono social eléctrico y que, en el marco de la actualización de la estrategia de pobreza energética, se verán qué medidas son más eficaces.
Ribera respondía así durante su comparecencia en comisión este martes en el Congreso, al ser preguntada por esa reforma en el acceso de las familias numerosas al bono social, un descuento en la factura de la luz para los consumidores calificados de vulnerables y para cuyo acceso a las familias numerosas no se les aplica ningún límite de renta, a diferencia del resto de beneficiarios.
La también vicepresidenta tercera ha dicho que con la actualización de la estrategia de pobreza energética se tratará de ver qué medidas son más eficaces y se buscará el máximo consenso en el cambio del bono social para las familias numerosas.
A pesar de esa modificación que pueda hacerse para evitar que altísimas rentas accedan a esa medida de apoyo, Ribera ha recordado que el Gobierno, para responder a la emergencia causada por el alza de los precios de la energía, no sólo aumentó la cuantía de los descuentos de los beneficiarios del bono social, sino que también amplió el número de familias beneficiarias y se pusieron unos umbrales de renta más altos para acceder al bono social.
Además, ha señalado que el Gobierno quiere que todos los potenciales beneficiarios del bono social y térmico accedan a ellos, pues muchos no lo hacen y hay personas que requieren de un acompañamiento de servicios sociales y organizaciones sociales para que puedan obtenerlo.
En cuanto a los laudos desfavorables que acumula España por el recorte de las primas a las renovables y los embargos de edificios en el exterior a consecuencia de esos arbitrajes contrarios a España, Ribera ha asegurado que agotarán "todas las vías de defensa de los intereses de España".
No obstante, ha recordado que el problema no lo generó el actual Gobierno ni el de José Luis Rodríguez Zapatero, sino el de Mariano Rajoy, y que lo que ella hizo cuando fue nombrada ministra fue un decreto ley para garantizar la igualdad a todos los inversores, grandes o pequeños, que se vieron afectados por el cambio de la retribución con el PP.
Ha recordado que muchos se acogieron a esa posibilidad de tener una rentabilidad del 7,1 % hasta el 31 de diciembre de 2031, al extender el Gobierno la vigencia de la misma, aunque no todos y "a estas alturas el Gobierno sigue lidiando con las reclamaciones de inversores que hay vivas" y agotará "todas las vías de defensa de los intereses de España".
Ante las acusaciones del PP por el incremento de las compras de gas ruso de España, la ministra le ha respondido que el Gobierno ni compra gas ni electricidad ni hidrógeno ni ninguna materia energética.
Ha recordado que la adquisición de gas es una actividad liberalizada y el Gobierno no tiene nada que decir pues, además, las importaciones de gas ruso a la Unión Europea (UE) no están sancionadas, si bien el Gobierno le gustaría que se redujeran drásticamente las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso.
En cuanto a la situación de la multinacional de aluminio Alcoa (NYSE:AA), que había perdido los permisos de acceso y conexión a la red de cinco parque eólicos para suministrar energía a la planta de A Mariña, Ribera ha dicho que se pudo convalidar "por los pelos" el real decreto por el que cuentan con más plazo para tramitar la declaración de impacto ambiental ( DIA (BME:DIDA)).
Ha explicado que, aunque habían perdido el acceso, la DIA se sigue tramitando y se recupera una preferencia en el acceso cuando se convoquen los nudos de evacuación a proyectos que cuentan con DIA.
Ribera ha dicho que el Gobierno ha intervenido porque les pareció que era la manera de apoyar y que ante el desafío que suponía que habían perdido los permisos de acceso, era importante buscar una solución, "y es lo que hemos hecho".
Respecto a las críticas del PP a la "excepción ibérica", el límite al precio del gas en el mercado mayorista eléctrico que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre, ha recordado que ha ahorrado 5.000 millones a las familias y ha lamentado que el PP no reconozca la estabilidad que aportó en los años de máxima turbulencia de los precios eléctricos.