Madrid, 16 abr (.).- Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, calcula que existe un potencial inversor de más de 178.000 millones en proyectos de agua y movilidad, más de un 30 % pendiente de planificar, pero que entienden que es prioritaria y necesaria.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha apuntado que las inversiones planificadas y de modernización en infraestructuras del ciclo integral del agua representan 66.000 millones a realizar durante la presente década.
En infraestructuras hidráulicas, ha subrayado que las planificadas en el ciclo hidrológico 2022-2027 representan 38.000 millones, concentrando el esfuerzo inversor la depuración y el saneamiento con 11.000 millones, el regadío y el abastecimiento con 8.750 millones, la gestión del riesgo de inundaciones y del dominio público hidráulico con 8.090 millones y la desalinización, reutilización, regulación y recuperación de acuíferos con 3.725 millones.
En este contexto, ha apuntado que hay un potencial inversor de modernización y adaptación de 28.000 millones, destacando, entre otras tipologías, 1.540 millones en inversiones de neutralidad energética del 'stock' de depuradoras y desalinizadoras; 10.700 millones en reposición de redes de suministro con mas de 40 años de antigüedad; 1.500 millones en redes de alcantarillado y saneamiento y otros 15.000 millones en la conversión de redes de alcantarillado para minimizar los puntos de desbordamiento en episodios de lluvia.
Además, ha explicado que las inversiones en infraestructuras de movilidad que ven imprescindible, en gran parte planificadas, superan los 85.000 millones.
En lo que se refiere a la modernización y adaptación de las infraestructuras de movilidad, destacan las ferroviarias con cerca de 8.000 millones.
En carretera, Seopan calcula un potencial inversor que supera los 17.460 millones, destacando 6.000 millones en la creación de infraestructura interurbana de recarga eléctrica, la digitalización de las autovías con 2.400 millones o las actuaciones de seguridad que concentran 3.400 millones.
Demandas reiteradas del sector
Núñez ha insistido en que la revisión de precios debe restituirse la obligatoriedad preexistente hasta 2015 de incorporar fórmulas de revisión de precios en los pliegos de contratos de obras, al igual que debe suprimirse el límite del 20 % de la revisión excepcional de precios, y referirlo, además, al precio del contrato, incluyendo sus modificaciones.
Y en regulación concesional, ha reiterado que debe modificarse la fórmula actual de cálculo de la tasa de descuento para un inversor privado en un proyecto de concesión.