Caracas, 15 feb (.).- La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) dijo este jueves que espera, antes de abril, un aumento "significativo" del salario mínimo, hoy de 3,5 dólares al mes (unos 3,2 euros), luego de que el Gobierno, empresarios y sindicatos celebraran un encuentro a principios de febrero con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Aspiramos a que, a más tardar en el mes de marzo, el Gobierno decrete un significativo aumento del salario mínimo", dijo en un comunicado la alianza de trabajadores, que propone un incremento superior a los 200 dólares mensuales.
Aseguró que el aumento es de "absoluta responsabilidad del Ejecutivo" y una "obligación legal", por lo que "no hay ninguna justificación para mantener el salario mínimo actual", cuando el costo de una alimentación básica es de unos 100 dólares mensuales por persona, según estimaciones independientes.
La CTV señaló que, en la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social, celebrado en Caracas el 1 y 2 de febrero con el apoyo técnico de la OIT, se aprobaron el método y un cronograma de fijación del salario mínimo.
Explicó que el plan de acción del Foro de Diálogo Social establece una agenda de reuniones "para que el Gobierno cumpla" con convenios internacionales relacionados con los métodos para la fijación de salarios mínimos, la libertad sindical y con la consulta tripartita.
"Su cumplimiento implica no solo modificar la legislación antisindical sino terminar con su política sistemática de persecución sindical, coordinada con el Ministerio Público y el Poder Judicial", dijo la CTV en el comunicado.
De las 6.956 protestas registradas en 2023 en Venezuela, 4.100 fueron de trabajadores, quienes lideraron, por tercer año consecutivo, las manifestaciones en el país, en las que exigieron ingresos "dignos" para satisfacer sus necesidades, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El pasado enero, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de 30 a 60 dólares de una bonificación mensual que no incide en el cálculo de beneficios laborales, como las prestaciones, lo que fue rechazado por los trabajadores, que han llevado a cabo varias protestas en lo que va de 2024.