(Corrige nombre de Unidas Podemos en octavo párrafo)
Por Charlie Devereux y Jesús Aguado
MADRID, 21 mar (Reuters) -La relación entre el Gobierno y el sector empresarial de España se ha deteriorado mucho este año y los ataques mutuos son cada vez más personales.
Cuando la pandemia de COVID-19 causó estragos en la economía española tras la llegada al poder del Gobierno, liderado por los socialistas, ambas partes cooperaron de forma constructiva. Pero las cosas empezaron a agriarse cuando la pandemia remitió y la crisis del coste de la vida se apoderó de la agenda, según fuentes consultadas.
Con unas elecciones previstas para el último trimestre de 2023, lo más probable es que las desavenencias no desaparezcan.
"Es la carta que ha sacado el partido, Moncloa, para diseñar la estrategia electoral", dijo Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga.
Cuando Ferrovial (BME:FER) anunció el mes pasado sus planes de trasladar su sede legal de España a Países Bajos, provocó un airado ataque del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el consejero delegado de la empresa de ingeniería, Rafael del Pino.
Algunos empresarios sirven a su país, pero "tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino", dijo Sánchez.
Este tipo de ataques personales a los capitanes de la industria española se están convirtiendo en un rasgo frecuente del Gobierno, según fuentes empresariales.
Era previsible que el socio de coalición de los socialistas, el partido de extrema izquierda Unidas Podemos, que nació de las protestas contra la austeridad tras la última crisis financiera hace más de una década, fuera hostil a las empresas. Pero a finales del año pasado, los socialistas empezaron a sumarse a los ataques.
La oficina de Sánchez declinó hacer comentarios cuando Reuters le preguntó sobre la situación.
Del Pino no es el único empresario que siente la ira del Gobierno. Juan Roig, consejero delegado de Mercadona, la mayor cadena de supermercados de España, fue acusado de beneficiarse de la crisis del coste de la vida por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
"En España... ya no hay nadie innombrable. Tampoco el señor Juan Roig", dijo Belarra en enero.
En respuesta, Roig declaró en una rueda de prensa la semana pasada: "Cada uno tiene una opinión y la respeto, aunque no la comparta. Yo me siento muy orgulloso con mis hechos, de cómo en Mercadona tratamos al cliente, al trabajador, al proveedor, a la sociedad y, por supuesto, al capital".
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha enzarzado con el presidente ejecutivo de Iberdrola (BME:IBE), Ignacio Sánchez Galán. Dijo que los comentarios de Galán de que los españoles que optaban por facturas de energía reguladas eran "tontos" le habían causado un "profundo bochorno".
Cuando Galán dijo que se oponía a la propuesta española de cambiar el mecanismo de fijación de precios del mercado energético, ella le acusó de defender sólo los intereses de los accionistas de Iberdrola.
El Gobierno asegura que no ha habido ningún cambio en la relación y recuerda que se han firmado 13 acuerdos con el sector empresarial y los sindicatos, uno tan reciente como el mes pasado sobre la asistencia sanitaria a la plantilla.
"En medio de una relación tan intensa hay momentos de mayor proximidad y de menor entendimiento", señaló el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
Pero políticas como la subida unilateral del salario mínimo, la introducción de un impuesto sobre el patrimonio y la propuesta de un requisito de equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas han causado fricciones con el sector privado.
BAJAS EXPECTATIVAS
Arias Maldonado dijo que cuando Sánchez llegó a un acuerdo con Podemos para formar Gobierno allá por 2019, las expectativas de colaboración con el sector privado eran bajas.
Muchos se sorprendieron de que la cooperación fuera inicialmente fructífera tras la toma de posesión del Gobierno en enero de 2020. Durante la pandemia, los bancos trabajaron codo con codo con el Gobierno para distribuir 107.000 millones de euros (113.000 millones de dólares) en líneas de crédito avaladas por el Estado para apuntalar a empresas y familias.
Después de que los bancos ayudaran a los trabajadores adelantando los pagos de sus empleados en los planes de regulación temporal de empleo, o ERTE, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se deshizo en elogios hacia ellos. ""Lo único que puedo decir en nombre propio del Gobierno de España con la banca es gracias", dijo Díaz en el Parlamento. "Porque han arrimado el hombro".
Inditex (BME:ITX), propietaria de Zara y mayor minorista de moda del mundo por ventas, fue elogiada por utilizar sus canales de distribución para importar mascarillas y máquinas de respiración artificial de Asia.
Los analistas atribuyen gran parte de la productividad inicial a la cordial relación entre Antonio Garamendi, jefe de la Confederación Española de Confederaciones Empresariales (CEOE), y Díaz, miembro del Partido Comunista de España y de Unidas Podemos.
Se conocían antes de ascender a sus actuales cargos y se comunican a menudo, según una fuente cercana al ministro. Las buenas relaciones alcanzaron su punto álgido con un acuerdo para revisar la legislación laboral. La CEOE y el Gobierno se reunían semanalmente para concretar los cambios, demostrando cómo una coalición de izquierdas podía hacer negocios con el sector empresarial.
El deterioro de las relaciones fue "probablemente una regresión a la media", dijo Víctor Lapuente, profesor de la Universidad de Gotemburgo. "Lo anormal eran las extraordinariamente buenas relaciones entre, por ejemplo, un ministro que procedía del Partido Comunista y el líder de la CEOE".
Con el inicio de la inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania, se dijo a los empresarios españoles que debían "arrimar el hombro".
Cuando el Gobierno anunció en julio sus planes de aplicar un impuesto extraordinario a los ingresos de la banca y las grandes empresas energéticas, alegando que necesitaba ayudar a los hogares contra las presiones inflacionistas, los pilló desprevenidos.
Un banquero de alto nivel, que no quiso ser identificado, dijo que las cosas empeoraron cuando se propuso el impuesto sin consultar antes al sector financiero.
"Eso fue un punto de inflexión y desde entonces la relación se ha deteriorando notablemente entre el sector y el Gobierno, que entonces actuó con bastante soberbia", afirmó.
(Reporte de Charlie Devereux, Jesús Aguado, Belén Carreño y Corina Pons; información adicional de Joan Faus y Emma Pinedo, edición de Angus MacSwan, editado en español por José Muñoz)