Palma, 17 sep (.).- El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha condenado a los hermanos Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos a un año y once meses de prisión cada uno y al pago de una multa de 2 millones de euros como autores de un delito agravado contra la Hacienda pública, en relación con la compra de un hotel en Paguera (Mallorca).
En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar con 1,9 millones de euros a la Agencia Tributaria de Baleares (Atib), que corresponde al importe de la cuota defraudada, según la sentencia.
La resolución concluye que dos de los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos son responsables de un delito fiscal cometido en diciembre de 2008 por no pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición del Hotel Beverly junto a su padre.
Ni la sociedad que compró formalmente el hotel, ni los acusados pagaron el impuesto que correspondía, y "ni siquiera llegaron a presentar la declaración-liquidación por operación exenta", detalla.
Para la jueza, es "clara" la autoría de Álvaro y Pablo Ruiz-Mateos por cooperación necesaria en este fraude fiscal ya que, pese a que formalmente el contribuyente era Wersdale Trade España, según las pruebas practicadas, "ambos participaron en las negociaciones previas de las compraventas y las controlaron".
La sentencia añade que los dos hermanos utilizaron una empresa del Grupo con sede en Belice como sociedad pantalla y a un testaferro, y que avalaron la operación y estuvieron presentes en la notaría con el "único" fin de cerciorarse de que la operación se firmaba.
La jueza reconoce que quizás "no fueron los únicos cerebros de la trama" y que seguramente contaron con la ayuda de sus asesores, pero mantiene que los dos condenados "tenían conocimiento de los contratos que firmó el testaferro designado por ellos".
Añade que los dos hermanos, que tienen experiencia como empresarios, fueron "bien conscientes en todo momento" del fraude que estaban llevando a cabo contra la Hacienda pública.
La sentencia absuelve a los otros cuatro acusados, los hermanos Zoilo, José María (hijo), Alfonso y Francisco Javier Ruiz-Mateos. La jueza sostiene que, si bien existen pruebas del papel ejecutivo, de control y contribución de estos a la marcha del grupo, resulta "insuficiente" para atribuirles el delito fiscal al no apreciar una implicación directa de los mismos en el diseño y planificación o ejecución material de las compraventas.
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