Por Rodrigo De Miguel
MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo decretó el viernes prisión provisional para Jordi Turull, exconseller catalán y actual candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, en una decisión que le impedirá acudir al pleno de investidura el sábado, prolongando la incertidumbre política en la región.
El político secesionista ingresará en prisión incondicional sin fianza investigado por rebelión y malversación, al igual que los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, procesados por su papel en la deriva que llevó a un referéndum y la declaración de independencia de Cataluña en octubre, según el auto judicial.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que anunció que huía de España para evitar ir al Supremo, fue procesada por rebelión, al igual que la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, que sí ingresará en prisión incondicional.
El procesamiento se extendió a decenas de ex altos cargos de partidos y entidades secesionistas, incluido Carles Puigdemont, el expresidente catalán huido para evitar a la justicia, y el grueso de su Ejecutivo, cesado en bloque tras la declaración de independencia.
Por el delito de rebelión más grave que hay en la causa, con penas de hasta 30 años de cárcel, el juez Pablo Llarena procesó a 13 de los investigados, dando el primer paso formal para enjuiciarlos e inhabilitarlos para cargo público.
La imposibilidad de investir a Turull, cuya presencia es imprescindible en el pleno de investidura del sábado, activará un período de dos meses al término de los cuales si no se ha escogido a un presidente se convocarán de nuevo elecciones en la rica región, de la que el año pasado huyeron más de 3.000 empresas ante la inestabilidad política.
"Por favor, dediquemos todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña", dijo Turull en un tuit coincidiendo con las medidas cautelares, mientras que su abogado insistió en que se celebre el pleno.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene intervenidas las instituciones de la región, insistió en que la gobernabilidad corresponde a los partidos de Cataluña, donde las fuerzas secesionistas revalidaron su mayoría en las elecciones de diciembre.
"Siempre he querido que el candidato no tenga problemas con la justicia. Da la sensación de que no se quiere resolver este problema", dijo a preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa en Bruselas.
ROVIRA, PROCESADA y HUIDA
Rovira, que llegó a sonar en algún momento como "presidenciable", huyó según algunos medios a Suiza, sumándose al exilio de Puigdemont, cuatro ex consejeros catalanes y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel.
Para Gabriel y su compañera de filas Mireia Boya, el procesamiento fue sólo por desobediencia, al igual que para cinco exmiembros de la Mesa del Parlament.
Entre los demás procesados por rebelión están el líder de ERC y vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, para quienes el juez mantuvo la prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva, así como para otros cinco exconsellers y los líderes de las organizaciones secesionistas ANC y Omnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Con 25 procesados en total, la causa remonta su investigación a 2012, cuando el juez considera que comenzó el concierto entre partidos secesionistas, extendido a otras organizaciones, para elaborar la "hoja de ruta" que desembocó en una declaración de independencia en el Parlament el pasado octubre "al margen de la legalidad vigente".
Pese al control regional por parte del Gobierno central, el juez ve riesgo de reiteración delictiva, al considerar que las estrategias independentistas podrían seguir actualmente "latentes y pendientes de reanudación una vez se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".
14 DEL EXGOVERN PROCESADOS POR MALVERSACIÓN
El delito de malversación de fondos públicos llevó al juez Llarena a procesar a 14 exmiembros del antiguo Gobierno catalán, al considerar que destinaron fondos a apoyar o posibilitar el referéndum de independencia.
El juez fijó una fianza conjunta de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros para los miembros del anterior Govern, considerando que 1,6 millones fueron empleados para sufragar el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre, anulado por el Tribunal Constitucional.