Por Rodrigo De Miguel
MADRID (Reuters) - Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, ha quedado imputado en el marco de una investigación judicial por presunto blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública tras un registro policial el jueves en su domicilio en Barcelona.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Oleguer Pujol por siete operaciones inmobiliarias, ordenó siete registros de sociedades vinculadas con él en las que se han intervenido documentación y archivos informáticos en Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla, en una operación que sigue abierta.
Una fuente judicial dijo que el juez no ha cursado ninguna orden de detención judicial, pero Oleguer Pujol fue retenido brevemente durante el registro, según una fuente policial.
Posteriormente fue puesto en libertad junto con otra persona retenida en otro registro en Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción dijo en un comunicado que los dos detenidos fueron puestos "en libertad en calidad de imputados, para facilitar la ejecución de las diligencias de entrada y registro y porque la permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada".
Oleguer Pujol está querellado a raíz de una denuncia presentada por los partidos políticos Podemos y Guanyem Barcelona a principios de septiembre contra la familia Pujol, aunque el juez rechazó investigar al clan al completo.
Jordi Pujol, que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, reconoció haber tenido dinero en el extranjero sin declarar durante más de tres décadas, que atribuyó a una herencia de su padre.
Otro de los siete hijos del expresidente catalán, Oriol Pujol, exdiputado de CDC, está imputado por soborno y por tráfico de influencias por la presunta concesión irregular del servicio de revisión de vehículos en Cataluña.
El reconocimiento de la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol puso fin a una imagen de honradez construida durante decenios y que constituía uno de los baluartes de los políticos catalanes, que defendían que en Cataluña no cabía la corrupción que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la vida pública en España.
Tras la confesión en julio pasado de que había cometido fraude fiscal, el fundador de Convergència i Unió fue despojado de todos sus privilegios y honorarios y la Fiscalía Anticorrupción pidió luego a Suiza y Andorra datos bancarios de los nueve miembros de la familia.