Por Foo Yun Chee
BRUSELAS (Reuters) - Los reguladores de ayudas estatales en la UE investigarán si los acuerdos del grupo sueco de muebles Ikea con las autoridades fiscales holandesas ayudaron a reducir su factura fiscal, el último revés contra los pactos tributarios entre multinacionales y países de la UE.
La Comisión Europea dijo el lunes que estaba investigando dos decisiones fiscales emitidas para Inter Ikea, que opera el negocio de franquicias de Ikea y recauda un 3 por ciento de todos los centros Ikea a través de su filial Inter Ikea Systems en Holanda.
"Todas las compañías, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deberían pagar su parte de impuestos. Los países miembros no pueden dejar que compañías concretas paguen menos impuestos al permitirlas cambiar artificialmente sus beneficios a otros lugares", dijo la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La Comisión dijo que la primera resolución fiscal, que cubría de 2006 a 2011, llevó de modo significativo a que parte de los beneficios de franquicia de Inter Ikea Systems se trasladaran a la unidad de Luxemburgo, donde no tributaron.
Una decisión de 2011, planteada después de que la Comisión declarara el primer acuerdo ilegal, permitió que una parte sustancial de los beneficios de la franquicia fueran transferidos después de 2011 a su filial en Liechtenstein.
La cadena de comida rápida McDonald’s (NYSE:MCD) y la compañía de energía francesa Engie (PA:ENGIE) también están en el punto de mira de la UE por sus acuerdos fiscales en Luxemburgo.
Hasta ahora, la Comisión Europea ha ordenado a Apple (NASDAQ:AAPL) que pague una cantidad récord de impuestos pasados de hasta 13.000 millones de euros a Irlanda, a Starbucks (NASDAQ:SBUX) hasta 30 millones de euros a Holanda y a Amazon (NASDAQ:AMZN) 250 millones de euros a Luxemburgo.
A Bélgica se le ha pedido que recupere un total de 700 millones de euros de 35 compañías, entre ellas Anheuser-Busch InBev (BR:ABI), BP (LON:BP) y BASF (DE:BASFN) por un marco fiscal ilegal.
El mes pasado, la Comisión inició una investigación sobre las exenciones fiscales británicas para las multinacionales establecidas por el Gobierno liderado entonces por los conservadores en 2013 para atraer a firmas a establecerse en Reino Unido.