El peligroso sendero de los créditos fallidos

El auge de la morosidad es el resultado de distintos factores económicos y sociales, como la inestabilidad económica, el desempleo o la reincidente falta de educación financiera. Las secuelas de las sucesivas crisis de los últimos años han dejado a muchas personas y a parte de nuestro tejido empresarial en una situación de vulnerabilidad, lo que ha dificultado el cumplimiento de sus compromisos crediticios. Sin ir más lejos, la morosidad en préstamos al consumo aumentó en noviembre hasta rozar el 7%, superando los 3.000 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

Por su parte, las entidades financieras vislumbran la mora como una importante carga financiera y un riesgo para su estabilidad y solvencia. Los préstamos incobrables afectan directamente a su cuenta de resultados, lo que puede debilitar su capacidad de otorgar nuevos créditos y limitar el acceso a la financiación a sectores clave de la economía.

Ante este creciente repunte, no es de extrañar que las financieras estén buscando reducir su exposición al riesgo a través, por ejemplo, de la venta de créditos fallidos. Esta estrategia, cada vez más popularizada, consiste en transferir la titularidad de los préstamos impagados a otras compañías especializadas en la recuperación de deudas. En los últimos meses, la prensa se ha hecho eco de cómo reconocidas compañías del sector están sacando al mercado su portfolio valorado en millones de euros de préstamos fallidos para liberar recursos. Pero… ¿Es esta la solución más adecuada? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Análisis de la capacidad de pago del cliente y educación financiera
Es evidente que, en un escenario ideal, el prestatario podría hacer frente a sus obligaciones financieras y la entidad no debería preocuparse por posibles impagos. Sin embargo, todos sabemos que la realidad es muy distinta y la situación de cada persona y empresa es variable. Si el objetivo es evitar esta incómoda tesitura es fundamental sacar el máximo provecho a la Directiva de Servicios de Pago 2 (PSD2, por sus siglas en inglés), la cual ha impulsado la tecnología para ayudar al sector crediticio.

Las entidades financieras ya pueden conocer en tiempo real el nivel de solvencia y riesgo crediticio de la persona; detectar alteraciones vinculadas con su vida laboral (desempleo, cambio de remuneración, etc.); personalizar la oferta de crédito en función de su situación; o desarrollar soluciones de cobro inteligentes, solicitando el pago total o parcial de su cuota, según su capacidad económica. Sin duda alguna, estas funcionalidades son esenciales para la prevención de la morosidad, y es aquí donde el sector fintech tiene mucho que aportar.

Esta tipología de empresas utiliza algoritmos y análisis de big data para evaluar el riesgo crediticio de los deudores de manera precisa y rápida. Esto permite basar las decisiones en la capacidad de pago de la persona y adaptar la forma de dar préstamos a la situación personal del cliente, ya sea a través de la financiación del importe deseado vía un mayor número de cuotas; o de la reducción del capital para adecuarse a las mensualidades que más se ajusten al usuario.

Para ello, es necesario reforzar los estudios de análisis de solvencia de los clientes, así como optimizar los procesos de cobro. La gestión eficiente del riesgo es posible a través de la obtención de datos en tiempo real que proporcionen una visión completa de la situación financiera de la persona. Porque para consolidar un sistema financiero sólido es necesario mejorar la información y disponer de más fuentes de datos. Sólo con una radiografía acotada y cuidadosa de cada perfil se pueden tomar decisiones verdaderamente responsables. Esta estrategia debe llevarse a cabo sin perjudicar la experiencia de usuario ni las condiciones de acceso a un préstamo. De esta forma, mientras se protege a las personas más vulnerables y se evitan situaciones de insolvencia, se reduce el riesgo y un impacto negativo en la rentabilidad de la compañía durante un periodo de crisis.

Además de un riguroso estudio del nivel de solvencia, es deber de todos apostar más decididamente por la educación financiera. Brindando conocimientos financieros a la población se garantiza que posteriormente puedan tomar decisiones más acertadas y meditadas, incidiendo indirectamente en un menor índice de morosidad.

Si contamos con el ingrediente básico para revertir la situación, como es la tecnología adecuada, ¿a qué esperamos para hacer los deberes?