Hay países, especialmente en los nórdicos y anglosajones, donde los gobiernos y las Administraciones Públicas tienen mucho que ver con el buen nivel de competitividad. En nuestro caso, la situación es diferente.
Datos como el Índice de Progreso Social que calcula la Comisión Europea, indican que en nuestro país hay un elevado nivel de insatisfacción de la población en relación con las Administraciones Públicas. Entre las causas hay la burocracia excesiva que genera una telaraña que lo pone muy difícil a todo el mundo. Con datos de 2019 del Banco Mundial referidas a nuestro país para crear una empresa se necesitan 7 procedimientos, que tardan 12 días y cuestan el 4% de la renta per cápita anual. Para conseguir los permisos de obra, se precisan 13 procedimientos, que tardan 147 días y cuestan el 4,8% del importe total de la obra. En muchos países de nuestro entorno todo es mucho más sencillo, rápido y barato.
Si queremos mejorar hay que actuar en varios frentes. Veamos algunos.
En primer lugar, el Parlamento tiene que reaccionar más rápidamente a las necesidades del país y hacer mejores leyes. Por eso, hay que hacer lo que, normalmente, no se hace: adoptar las mejores prácticas internacionales y con un análisis del coste y otros efectos que implica aplicar la ley.
En segundo lugar, hay que simplificar los trámites administrativos con una reingeniería para reducir costes y plazos. Se debería reducir el plazo de todos los trámites sustancialmente en un primer año y después seguir mejorando.
En tercer lugar, cuando la Administración no resuelva en un determinado plazo un trámite, se podría pasar del silencio negativo al silencio positivo, que permitiría no frenar el procedimiento.
En cuarto lugar, hay que repensar la normativa urbanística para orientarla hacia el impulso de la actividad económica, sin dejar de preservar el interés general de la sociedad.
En quinto lugar, se podría implantar la figura del coach de empresas. Se trata de empleados públicos que acompañan y asesoran en los trámites. Esto puede ser un revulsivo para la mejora de la normativa y del funcionamiento de los servicios públicos.
Pero para hacer todo esto, hace falta lo más importante: la concienciación y complicidad de los servidores públicos. Y ayudaría mucho un pacto de país entre todos los agentes políticos y sociales. Si lo conseguimos, podremos contar con un sector público eficiente y proactivo, que sería un acelerador de la actividad económica y del bienestar de la población.