Río de Janeiro, 13 ago (EFE).- El Gobierno brasileño presentará al Congreso una enmienda constitucional que permite acelerar la concesión de licencias ambientales como forma de atraer inversiones en áreas estratégicas, como petróleo, energía, transportes e infraestructuras, informaron hoy fuentes oficiales.
"La demora en la concesión de las licencias se ha convertido en una traba para las inversiones y por eso queremos flexibilizar la legislación respectiva", aseguró el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, en una rueda de prensa que concedió hoy a corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.
Esta flexibilidad, así como otras analizadas en las licitaciones para conceder derechos para explotar petróleo o construir plantas generadoras, buscan atraer empresas privadas, principalmente extranjeras, para proyectos de infraestructura.
Brasil, con una gran necesidad de inversiones en infraestructura, enfrenta una grave crisis económica y un elevado déficit en las cuentas públicas.
Las concesiones de obras de infraestructura a empresas privadas son consideradas prioritarias para el Gobierno en un año en que el país puede sufrir una contracción económica de hasta el 1,5 %, según las proyecciones oficiales.
La intención del Gobierno es permitir que las licencias para proyectos estructurales y estratégicos puedan ser concedidas de forma más rápida, aunque sin poner en riesgo el medioambiente, según el ministro.
"Queremos ofrecer una mayor seguridad jurídica y una mayor agilidad en la concesión de las licencias", aseguró Braga al referirse a la enmienda constitucional que el Gobierno espera que el Congreso apruebe este mismo año.
El ministro aseguró que los detalles de la enmienda aún son negociados con las entidades que más hacen exigencias para autorizar proyectos productivos, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Nacional del Indio (que vela por la integridad de las reservas) y el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan).
"Las licencias se han convertido en un desafío para que las empresas cumplan el cronograma de sus obras y uno de los principales problemas para las concesionarias", dijo el funcionario al referirse a empresas que no han podido iniciar proyectos.
Los proyectos afectados por las dificultades en la obtención de los permisos son para la construcción de generadoras, líneas de transmisión, carreteras, ferrocarriles y otras obras.
Igualmente, Braga apuntó que el Ministerio de Minas y Energía también analiza la flexibilización de algunas de las exigencias que hace a sus concesionarios y que también traban las inversiones privadas.
"Estamos negociando con el Instituto Brasileño de Petróleo (IBP, que reúne a empresas petroleras) formas de superar la exigencia del contenido nacional", afirmó.
De acuerdo con Braga, esta exigencia, que obliga a todas las petroleras a utilizar al menos un 60 % de productos o servicios brasileños en sus proyectos, también se ha mostrado una "fuerte inhibidora" de las inversiones.
"No vamos a renunciar a la política de contenido nacional pero sí negociamos algunos ajustes", aseveró.
El ministro, sin embargo, aclaró que un régimen que el Gobierno no piensa flexibilizar es el que determina que Petrobras (NYSE:PBR) sea operador y socio, con al menos 30 %, en todos los consorcios que exploten el presal, las gigantescas reservas que Brasil descubrió en aguas muy profundas del Atlántico.
Esas reservas pueden convertir al país en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo.
"La presidenta (brasileña, Dilma Rousseff) considera que Petrobras tiene que tener un papel importante en el presal y que su participación como operadora y socio en los consorcios aún es necesaria", citó.
El Congreso estudia actualmente una reforma al régimen para la explotación del presal para poder reducir la participación de Petrobras y darle más espacio a las petroleras privadas.