Madrid, 14 may (.).- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha lamentado este viernes "la visión sesgada y limitada" de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó ayer el Congreso de los Diputados.
En un comunicado, CEEES, aunque dice que comparte buena parte de los objetivos de la norma, no está de acuerdo con "las formas empleadas durante su tramitación parlamentaria" ni "con la visión absolutamente limitada y sesgada de las vías contempladas por el Gobierno para alcanzar estas metas".
Los empresarios de gasolineras critican que la Ley apueste de forma casi exclusiva por una electrificación masiva del parque automovilístico español.
Aunque la Confederación comparte que la movilidad eléctrica debe ser un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y el avance hacia un transporte sostenible, considera que "ésta no puede ser la única carta a la que fiar la descarbonización de la movilidad y la economía".
Para CEEES, "la electromovilidad no puede ser el único camino en la lucha contra el cambio climático, tal y como parece que pretende el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico", pues cree que "el futuro será multienergético" y las estaciones de servicio dispensarán la energía que demanden los clientes.
Por eso, considera necesario que los consumidores cuenten con diferentes opciones para una movilidad sostenible, sobre todo en zonas rurales y los profesionales de transporte.
La Confederación recuerda que propuso a las formaciones políticas con representación parlamentaria una serie de enmiendas que no han sido aceptadas ni en el Congreso ni en el Senado, unos cambios que tenían como objetivo desplegar una red suficientemente mallada de infraestructuras de recarga y repostaje de combustibles alternativos.
La Ley de Cambio Climático, en su artículo 15, obliga a las estaciones de servicio con mayores volúmenes de ventas de gasolina y gasóleo a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, una medida que los empresarios de estaciones de servicio consideran que no satisfará las necesidades de los usuarios de coches eléctricos.
En este sentido, la CEEES señala que las gasolineras que más venden son las más frecuentadas por camiones y situadas en las inmediaciones de pasos fronterizos, puertos, polígonos industriales y plataformas logísticas.
Por eso, propuso al Ministerio utilizar otros criterios, como la ubicación o proximidad a las poblaciones, o la proporción de venta sólo de gasolina, que es directamente proporcional al número de turismos o vehículos ligeros que visitan las estaciones de servicio.
Según CEEES, esta propuesta daría como resultado una red de infraestructura de recarga eléctrica "más sensata y útil" que la que contempla la Ley.
Afirma que "seguir el criterio del volumen de ventas servirá sólo para poner chinchetas en el mapa y caer en la autocomplacencia, sin lograr la instalación inmediata de puntos de recarga en las zonas que más lo necesitan".
Además, señala que para lograr una movilidad sostenible se necesitarán no sólo puntos de recarga para vehículos eléctricos, sino también de gas licuado de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC (NYSE:GNC)), gas natural licuado (GNL) e hidrógeno, por lo que defiende un criterio de neutralidad tecnológica que contribuya a que los consumidores tengan libertad para elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
CEEES también pide que no se beneficie "artificialmente" a unas tecnologías en detrimento de otras y su presidente, Jorge de Benito, ha criticado que Teresa Ribera, titular de Transición Ecológica, ministerio del que dependen las estaciones de servicio españolas, no haya tenido a bien escucharles ni recoger sus propuestas para mejorar la Ley.
Asimismo, ha criticado que la Ley se haya tramitado por vía de urgencia, cuando no hay un sólo punto en la norma que deba entrar en vigor de forma inmediata, y que de las más de 1.300 enmiendas que se han presentado al articulado, sólo se hayan aprobado diez.
Los empresarios de gasolineras han indicado que la Ley deja en entredicho la viabilidad de más de 45.000 empleos en el sector de las estaciones de servicio.