Por Alastair Macdonald
BRUSELAS (Reuters) - El ministro británico para el Brexit prometió "ponerse manos a la obra" al iniciar el lunes la primera ronda completa de negociaciones, pero un año después de que los británicos votasen ajustadamente a favor de abandonar la UE su Gobierno parece seguir dividido sobre lo que quiere.
"Ahora es el momento de ponernos manos a la obra y hacer que esta negociación tenga éxito", dijo David Davis al ser recibido en la Comisión Europea para cuatro días de conversaciones por parte del negociador jefe de la UE, Michael Barnier.
Mientras tanto en Londres los medios británicos abundaban en especulaciones de luchas internas que reflejaban las divisiones que el partido Conservador de la primera ministra Theresa May sufrió durante el referéndum sobre el Brexit.
El ministro de Exteriores Boris Johnson, en un acto separado en Bruselas, dejó pasar la oportunidad de negar que ese fuera el caso.
Su apoyo se consideró vital para que el 52 por ciento de los votantes británicos votasen por abandonar el bloque. Preguntado sobre si el Gobierno estaba "dividido sobre el Brexit", Johnson simplemente dijo que estaba satisfecho por el inicio de las negociaciones y defendió la oferta de May para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE en Reino Unido.
May, cuya autoridad fue cuestionada tras perder su mayoría parlamentaria en unas elecciones anticipadas que no necesitaba convocar, afronta dudas dentro de su partido sobre si puede tener el control. Eso preocupa a los negociadores europeos, que destacan que los 20 meses que restan para el Brexit son poco tiempo para negociar un divorcio ordenado.
El ministro de Finanzas Philip Hammond, que al igual que May hizo campaña a favor de permanecer en la UE, dijo el domingo que creía que la mayoría de sus compañeros en el Gobierno respaldaban la idea de tener dos años o más de un periodo de transición después del Brexit en marzo de 2019 - para suavizar el efecto en la sociedad y la economía.
Eso no sucedía hace un mes, dijo Hammond. Esto supone un recordatorio del abismo que hay en las percepciones a los dos lados del Canal de la Mancha. Los líderes de la UE han asumido desde el principio que Reino Unido necesitaría más de los dos años contemplados en el tratado de la UE para negociar la salida que quiere para mantener una relación comercial abierta y cercana con el continente.
PERIODO DE TRANSICIÓN
El ministro de Comercio, Liam Fox, que está a favor de una ruptura más clara con la UE, dijo el domingo que podría vivir con un periodo de transición - durante el cual es probable que los británicos sigan pagando parte del presupuesto de la UE y asumir sus normas - siempre que este fuera corto. También es la opinión de muchos en el bloque, cuyos líderes no quieren que Londres tenga un estatus intermedio indefinido.
La división por asuntos básicos del Brexit podría acarrear el riesgo de que no se logre alcanzar un acuerdo. Eso generaría una enorme incertidumbre en las empresas y millones de personas de Europa, porque Reino Unido simplemente quedaría fuera del bloque el 30 de marzo de 2019 sin normas claras sobre qué debería significar eso.
Las partes han tomado posiciones negociadoras de inicio diciendo que están preparadas para ese resultado. Pero la mayoría de los responsables en Bruselas creen que Reino Unido debe de estar faroleando ya que el limbo legal al que se enfrentaría provocaría mucho daño.
Los negocios británicos esperan un enfoque coherente del Gobierno de May para apuntar cómo sería el periodo de transición y cuánto tiempo llevaría tomar decisiones de inversión.
En Bruselas, Davis reconoció que era "increíblemente importante" hacer avances, "de modo que negociemos identificando las diferencias para lidiar con ellas y las similitudes para reforzarlas".
Barnier dijo: "Ahora ahondaremos en el corazón de la cuestión. Tenemos que examinar y comparar nuestras respectivas posiciones para lograr avances".
Ambos rechazaron hacer más comentarios. Barnier dijo que informarían a los medios el próximo jueves tras el cierre de la primera ronda.
Los trabajos se centrarán en los derechos de los ciudadanos, la demanda de la UE de que Londres pague unos 60.000 millones de euros para cubrir compromisos presupuestarios actuales y otros cabos sueltos.