Atenas, 4 jun (EFE).- Una delegación de la troika formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó hoy a Atenas para una nueva inspección sobre los progresos de Grecia en sus reformas estructurales.
El Gobierno griego debe haber cumplido a finales de este mes 147 reformas para obtener el visto bueno de la troika al pago del nuevo tramo de 3.300 millones de euros aprobados en la última reunión del Eurogrupo.
El Gobierno quiere evitar que la presencia de los técnicos se prolongue con negociaciones interminables, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Uno de los puntos principales a debatir será el lento proceso de privatización de propiedades y empresas estatales, y la posibilidad de reducir nuevamente el objetivo de ingresos por este capítulo, ante las dificultades que se están planteando.
En las últimas previsiones se contempla que el Estado ingrese 2.600 millones de euros este año por este concepto, pero se está planteando la posibilidad de reducir este objetivo a 2.000 millones de euros.
El Gobierno tripartito dirigido por el conservador Andonis Samarás tiene previsto, además, presentar a la troika el programa de movilidad para 12.500 funcionarios y el cierre de dos organismos del Estado para poder cumplir el compromiso de eliminar 2.000 empleos públicos antes de fin de mes.
Grecia se ha comprometido ante la troika a eliminar 15.000 empleos públicos hasta finales del próximo año.
El Ejecutivo tiene además previsto anunciar antes de que finalice junio su plan para la liberalización completa de la energía y la privatización de la compañía pública de electricidad DEI.
Otra prioridad del Gobierno es la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley contra la corrupción.
Recientemente se nombró como coordinador de la lucha contra la corrupción al fiscal de la Corte Penal Suprema (Arios Pagos) Ioannis Tentes.
Una de las principales prioridades de la troika, además del programa de privatizaciones, es conocer los planes de Atenas para mejorar la recaudación fiscal, uno de los puntos que más retraso lleva, bien porque hay mucha evasión por parte de los grandes capitales, bien porque la crisis ha llevado a un aumento de la morosidad ciudadana.
El ministerio de Finanzas ha preparado por ello un borrador de ley que espera ver aprobado por el Parlamento en julio.
El Gobierno de Samarás quiere además convencer a los acreedores del empuje económico que aportaría en el próximo periodo estival la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la restauración y las actividades del turismo, actualmente en el 23 %, a lo que la troika se resiste porque no está previsto en el memorando.
El memorando que acompaña el rescate contempla la posibilidad de mejorar las condiciones del programa una vez que Grecia logre un superávit primario (que excluye el pago de intereses), lo que no se espera hasta el año próximo.
En materia fiscal, uno de los problemas que afronta el Gobierno es la sustitución de varios impuestos sobre la propiedad por una tasa única, mediante la que espera recaudar 3.100 millones euros anuales.
El plan desarrollado por el Gobierno se ha topado con fuertes resistencias por parte de los agricultores, que rechazan que también las tierras cultivadas estén sujetas a este impuesto.
Los jefes de delegación no llegarán hasta dentro de unos días y, según indicó a Efe una fuente ministerial, está prevista una primera reunión con el titular de Finanzas, Yannis Sturnaras, el 10 de junio. EFE
El Gobierno griego debe haber cumplido a finales de este mes 147 reformas para obtener el visto bueno de la troika al pago del nuevo tramo de 3.300 millones de euros aprobados en la última reunión del Eurogrupo.
El Gobierno quiere evitar que la presencia de los técnicos se prolongue con negociaciones interminables, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Uno de los puntos principales a debatir será el lento proceso de privatización de propiedades y empresas estatales, y la posibilidad de reducir nuevamente el objetivo de ingresos por este capítulo, ante las dificultades que se están planteando.
En las últimas previsiones se contempla que el Estado ingrese 2.600 millones de euros este año por este concepto, pero se está planteando la posibilidad de reducir este objetivo a 2.000 millones de euros.
El Gobierno tripartito dirigido por el conservador Andonis Samarás tiene previsto, además, presentar a la troika el programa de movilidad para 12.500 funcionarios y el cierre de dos organismos del Estado para poder cumplir el compromiso de eliminar 2.000 empleos públicos antes de fin de mes.
Grecia se ha comprometido ante la troika a eliminar 15.000 empleos públicos hasta finales del próximo año.
El Ejecutivo tiene además previsto anunciar antes de que finalice junio su plan para la liberalización completa de la energía y la privatización de la compañía pública de electricidad DEI.
Otra prioridad del Gobierno es la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley contra la corrupción.
Recientemente se nombró como coordinador de la lucha contra la corrupción al fiscal de la Corte Penal Suprema (Arios Pagos) Ioannis Tentes.
Una de las principales prioridades de la troika, además del programa de privatizaciones, es conocer los planes de Atenas para mejorar la recaudación fiscal, uno de los puntos que más retraso lleva, bien porque hay mucha evasión por parte de los grandes capitales, bien porque la crisis ha llevado a un aumento de la morosidad ciudadana.
El ministerio de Finanzas ha preparado por ello un borrador de ley que espera ver aprobado por el Parlamento en julio.
El Gobierno de Samarás quiere además convencer a los acreedores del empuje económico que aportaría en el próximo periodo estival la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la restauración y las actividades del turismo, actualmente en el 23 %, a lo que la troika se resiste porque no está previsto en el memorando.
El memorando que acompaña el rescate contempla la posibilidad de mejorar las condiciones del programa una vez que Grecia logre un superávit primario (que excluye el pago de intereses), lo que no se espera hasta el año próximo.
En materia fiscal, uno de los problemas que afronta el Gobierno es la sustitución de varios impuestos sobre la propiedad por una tasa única, mediante la que espera recaudar 3.100 millones euros anuales.
El plan desarrollado por el Gobierno se ha topado con fuertes resistencias por parte de los agricultores, que rechazan que también las tierras cultivadas estén sujetas a este impuesto.
Los jefes de delegación no llegarán hasta dentro de unos días y, según indicó a Efe una fuente ministerial, está prevista una primera reunión con el titular de Finanzas, Yannis Sturnaras, el 10 de junio. EFE