Por Anthony Boadle
BRASILIA, 9 oct (Reuters) - La primera ministra indígena de Brasil instó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a vetar un proyecto de ley impulsado en el Congreso por el lobby agrario que, según advierten ella y los líderes tribales, socavaría los derechos ancestrales a la tierra y amenazaría su modo de vida.
El proyecto, aprobado en el Senado a fines del mes pasado y que ahora espera la firma de Lula para convertirse en ley, restringiría las reservas indígenas a las tierras en las que vivían en 1988, un plazo que el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional.
Lula tiene hasta el 20 de octubre para vetar la ley, que le enfrentaría al poderoso lobby del agronegocio en el principal exportador mundial de soja, maíz y otros productos agrícolas.
La ministra de Asuntos Indígenas, Sonia Guajajara, dijo a Reuters que está presionando al presidente para que no firme el proyecto de ley. La mayor organización que congrega a los pueblos indígenas de Brasil (APIB) está haciendo campaña en las redes sociales instando a Lula a vetar todo el proyecto de ley.
"Todavía no sabemos si vetará toda la ley o sólo algunas partes, pero habrá algún tipo de veto", dijo Guajajara en una entrevista.
Los agricultores aseguran que el proyecto de ley garantizará una mayor seguridad jurídica de su propiedad de la tierra, reduciendo los conflictos a medida que la frontera agrícola de Brasil avanza hacia la región amazónica.
El ministro de Agricultura, Carlos Favaro, del centrista Partido Socialdemócrata en la coalición de gobierno de Lula, espera una solución negociada. "El Supremo Tribunal Federal y el Senado están haciendo su papel. Tenemos que alcanzar un equilibrio muy necesario", declaró a Reuters.
El gobierno de Lula planeaba vetar todo el proyecto de ley, pero ahora estudia formas de preservar parte de la legislación para evitar alimentar una creciente división entre el Congreso y la Suprema, según personas conocedoras de las deliberaciones.
"Con toda seguridad, el núcleo de la ley, la fecha límite de 1988, tendrá que ser vetada porque es inconstitucional", dijo una fuente de la oficina del presidente. "Si no, el Supremo Tribunal Federal lo anulará y el conflicto se agravará".
Guajajara dijo que los defensores de los agricultores, ganaderos, mineros y otros sectores influyentes en el Congreso apresuraron la aprobación del proyecto, sin dejar espacio para el debate. "Quieren la fecha límite de 1988 para que las tierras indígenas tradicionales que han sido invadidas u ocupadas sigan siendo propiedad privada de los agricultores", señaló.
(Reporte de Anthony Boadle y Lisandra Paraguassu en Brasilia; editado en español por Carlos Serrano)