Madrid, 6 nov (.).- La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras que operan en España, ha advertido de que prolongar el gravamen extraordinario a las energéticas más allá de los dos años para los que se aprobó, pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética.
En un comunicado, AOP, de la que forman parte compañías como Repsol (BME:REP), Cepsa, BP (LON:BP), Galp (ELI:GALP) o Shell (LON:RDSb), ha señalado que el mantenimiento del gravamen sobre sus ventas en España, como quieren hacer PSOE y Sumar si reeditan el gobierno de coalición, condiciona la capacidad de éstas de generar nuevas inversiones.
AOP ha recordado que el sector es clave para la descarbonización y para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
En este sentido, ha apuntado que la actual revisión del PNIEC 2023-2030, eleva las inversiones previstas a 294.000 millones, de las que el 85 % deben provenir del sector privado.
La asociación dice que, de mantenerse el gravamen, las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria, y que las compañías a las que AOP representa tienen proyectadas hasta 2030 inversiones superiores a los 16.500 millones de euros.
Según la AOP, con el impuesto, las compañías en España se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras, que recuerda que no crean empleo, y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dice que dedica recursos a su transformación y descarbonización.
Además, ha señalado que el gravamen, que se ha empezado a aplicar en 2023 y que grava con un 1,2 % las ventas en España en el año anterior, tendría un impacto negativo en el empleo, así como en la autonomía y garantía de abastecimiento energético de España.
La asociación recuerda que el gravamen se introdujo de manera extraordinaria para hacer frente a la mayor crisis energética mundial en décadas por un periodo máximo de dos años.
Por eso, considera que prorrogarlo contradice la normalización de los mercados y la apuesta de la Unión Europea (UE) por fomentar la competitividad y el liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas.
Además, ha subrayado el papel que jugó el sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía "gracias a las inversiones que las compañías de AOP habían realizado para mejorar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones".
También en la crisis de la Covid, cuando las compañías soportaron importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, así como cuando posteriormente se dispararon los precios y ofrecieron descuentos adicionales al aplicado por el Gobierno.
Además, AOP considera que el impuesto "vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa", y que la propuesta de su prórroga debería esperar a los informes que tanto la Unión Europea (UE) como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen.
El gravamen temporal del 1,2 % se aplica sobre las ventas de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019.
Esta prestación patrimonial grava inicialmente durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
La intención de PSOE y Sumar de extender la vigencia del impuesto anunciado en su acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición ha sido contestado por una de las compañías socias de AOP, Repsol.
La petrolera manifestó que la extensión en el tiempo del gravamen podría condicionar sus futuras inversiones en España y el presidente de Petronor (filial de Repsol), Emiliano López Atxurra, dijo que la inversión en una gran planta industrial para producir a gran escala combustible sintético queda en el aire, si se mantiene el impuesto temporal a las grandes energéticas.