El 10 de enero, la 5ª Directiva de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero (5AMLD), fue oficialmente firmada como ley. La legislación otorgará amplios poderes a las organizaciones de cumplimiento y a las autoridades legales. Sin embargo, además de rastrear el dinero sucio hasta los paraísos fiscales, la ley trae consigo una serie de exigencias restrictivas a las empresas de criptomonedas de una manera nunca antes vista.
Este desarrollo corta la noción que, en el pasado, la gente más rica del mundo cómodamente desvió dinero a través de las fronteras a través de un marco financiero que opera firmemente en un área gris legal, que ha permanecido por mucho tiempo en la conciencia pública.
Hasta el 2016, parecía como si tal acuerdo tácito continuaría para siempre, pero las finanzas internacionales cambiaron cuando las noticias de los Panama Papers comenzaron a difundirse. El velo de secreto del que gozaban los individuos ricos y representativos fue arrancado, exponiendo que la firma de abogados panameña y el proveedor de servicios corporativos Mossack Fonseca tenían compañías ficticias que eran usadas para una variedad de propósitos ilegales.