Paraguay se encamina a una resolución sobre el proyecto de regulación de las criptomonedas en uno de los países más atractivos para la actividad. El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, ratificó que si la Cámara Baja rechaza el veto del Poder Ejecutivo al documento, ocasionará millonarias pérdidas al ente. Ocurre debido al gran consumo de energía que demanda la actividad de la minería.
“Vamos a tener grandes pérdidas anuales en la ANDE si en Diputados rechazan el veto del Ejecutivo, es algo muy grave lo que va ocurrir en ese caso. Nosotros ya hemos fijado una tarifa para quienes se dedican a esta actividad, una como indica la ley para este grupo de consumo.”
Desde distintos sectores entendían el veto como lo más conveniente, teniendo en cuenta que la normativa solo favorecía a un grupo de personas. Para quienes están a favor del veto, el control de dicha actividad significaría lo más justo para todos los usuarios.
En procura de equilibrar el régimen tarifario, hace unas semanas se definió un precio especial para el grupo de consumo intensivo. En ese conjunto incluyeron la minería de criptomonedas, data centers y blockchain. De acuerdo con la resolución del principal organismo en materia energética de Paraguay, los mineros de criptomonedas tendrán que pagar tarifas entre 6% y 58% superiores a las establecidas.
Nada personal contra las criptomonedas
El titular de la ANDE aclaró que no están en contra del grupo de consumo que utiliza la energía eléctrica para la actividad de la minería de criptomonedas. En cambio, opinó que dicho segmento debe operar con una tarifa adecuada, es decir, más elevada a la del resto de los usuarios. Es así debido a que utiliza gran cantidad de energía en términos mayores a los industriales.
A juicio de quienes están en contra, los cambios efectuados sobre la tarifa de energía de los sectores dedicados a las criptomonedas no son suficientes. No obstante, la nueva es una tarifa real, que nadie va a subsidiar.
Los bajos precios de la electricidad en Paraguay pusieron al país en el mapa de la minería de criptomonedas como un objetivo muy tentador. La resolución 46,984 aumenta las tarifas que el citado grupo de consumo pagaba, entre 6% y 58%, dependiendo de los niveles de tensión (220 kV, 66 kV o 23 kV) y del consumo en horario punta de carga.
Tanto la ANDE como otras carteras económicas ya compartieron sus fundamentaciones respecto a dicho proyecto. Afirman que no se puede supeditar la tarifa aplicable a los usuarios de mineros de criptoactivos a apenas un pequeño porcentaje por encima de la tarifa industrial vigente.
El propio Ministerio de Industria y Comercio (MIC) argumentó que las condiciones de suministro propuestas implican una competencia directa y discriminatoria. Los mencionadas como perjudicadas son las actividades manufactureras, que no cuentan con las mismas ventajas para la provisión de energía eléctrica.
Otro de los respaldos al veto proviene desde el Ministerio de Hacienda. Allí se alega que la minería no genera mucha mano de obra como cualquier otro sector industrial. Razón fundamental por la que no debería ser beneficiaria de los incentivos fiscales. El apoyo del Gobierno, enfatizan, tiene que tener como objetivo la generación de mano de obra sostenida.
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