Buenos Aires, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina aseguró hoy que no negociará acuerdos de pago con aquellos inversores que poseen títulos de deuda soberana con plazos prescritos para iniciar reclamos formales por falta de pago.
El ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, dijo hoy en una entrevista publicada por el diario Clarín que su país no quiere negociar ni está interesado en que ese grupo de tenedores de bonos acepte la propuesta que Argentina lanzó para acreedores que no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
"Según nuestro análisis esos fondos están reclamando pagos por bonos que entendemos que prescribieron", dijo el ministro, al referirse a inversores que poseen títulos argentinos que entraron en cese de pagos a finales de 2001 pero cuyos plazos legales para hacer reclamos, según Argentina, han expirado.
La posibilidad de que este grupo de inversores realice reclamos judiciales una vez que Argentina pague a aquellos acreedores que acepten la nueva propuesta de cancelación de las deudas fue uno de los temas que surgió en el debate que esta semana se llevó adelante en comisiones del Parlamento argentino de cara al debate de la ley que permitirá al país poner fin a sus disputas con fondos querellantes.
En ese contexto, el oficialismo había planteado que el riesgo de nuevos litigios tras el acuerdo será prácticamente nulo.
La iniciativa bajo discusión en el Congreso posibilitará al Gobierno de Mauricio Macri pagar a aquellos acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde finales de 2001 y que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Estos incluyen a poderosos fondos de inversión que litigan contra Argentina en tribunales de Nueva York desde hace una década, y que cuentan con una sentencia de pago a su favor, y a otros acreedores, como inversores individuales italianos, que no están alcanzados por ese proceso judicial pero que sí han hecho reclamos por otras vías.
La propuesta excluye a tenedores de bonos que no han hecho reclamo alguno en el plazo legal establecido, con tenencias que consultores privados calculan en unos 1.000 millones de dólares.
"Sabemos que es en este núcleo de tenedores donde se abrirá un proceso de litigios, porque ellos van a ir a la Justicia reclamando la validez de esos títulos que para nosotros han prescrito", afirmó Prat-Gay.
El ministro dijo que, por el contrario, para aquellos que posean bonos válidos y que aún no hayan aceptado la nueva propuesta argentina, la oferta seguirá en pie más allá del 14 de abril, fecha en que el Gobierno prevé pagar a los acreedores que reclaman.