Beatriz Pascual Macías
Washington, 22 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. evaluó hoy dividido entre sus miembros liberales y conservadores una ley con la que Puerto Rico podría declarar en quiebra a sus empresas públicas y evitar así el pago de miles de millones de dólares de su deuda, en medio de la aguda crisis que sufre la isla.
Los jueces más liberales, capitaneados por las magistradas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, chocaron frente a los conservadores Clarence Thomas y John Roberts, este último presidente de la corte, que dudó del "peso" de los argumentos de Puerto Rico.
Los jueces evaluaron si Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., puede reestructurar su deuda de más de 72.000 millones de dólares, de los que cerca de la mitad corresponden a corporaciones públicas, que a menudo recurren al Gobierno para mantenerse a flote.
Si el alto tribunal falla en junio a favor de Puerto Rico, la isla podría establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda bajo un régimen supervisado por las autoridades judiciales similar al previsto en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
Este capítulo de la Ley de Quiebras federal, aprobado por el Congreso en 1984, otorga herramientas legales para manejar sus deudas a todos los estados de EE.UU. menos a Puerto Rico y al Distrito de Columbia, donde se halla la capital federal.
Bajo la lupa de los jueces se situó la "Ley 71", proclamada en 2014 por Puerto Rico, apodada como la "Grecia" del Caribe en alusión la los problemas de deuda del país europeo.
La Ley 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, conocida a nivel local como "ley de quiebra criolla", buscaba que las corporaciones públicas pudieran declarase en quiebra y evitar así que su situación económica lastre al Gobierno.
En junio de 2014, acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), principal compañía pública de la isla, recurrieron la "ley de quiebra criolla" ante el tribunal federal de distrito en San Juan.
Este tribunal federal declaró inconstitucional la legislación y luego fue respaldado por la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston (Massachusetts).
Este tribunal de Boston también interpretó que el Congreso federal se reservó el derecho de enmendar el Capítulo 9 para incluir a Puerto Rico.
En su argumentación ante el Tribunal Supremo, el abogado de Puerto Rico Matthew McGill defendió que, al excluirse en 1984 a la isla caribeña del Capítulo 9, el Congreso no expresó intención alguna de impedir que el Gobierno puertorriqueño aprobara una legislación propia sobre reestructuración de deudas.
De hecho, para McGill, la negativa del Congreso para incluir en el Capítulo 9 a Puerto Rico y al Distrito de Columbia dio "implícitamente" a las dos entidades más poder que a cualquier otro estado, pues les permitió "escribir sus propias leyes municipales".
En defensa de los demandantes salió Sotomayor, nacida en el seno de una familia puertorriqueña, y la progresista Ruth Bader Ginsburg, preguntó al abogado de la isla caribeña: "¿Por qué el Congreso habría puesto a Puerto Rico en medio de ninguna parte?".
La jueza Elena Kagan, de tendencia progresista, hizo preguntas que parecían favorables a Puerto Rico, pero después de escuchar al abogado de la isla consideró que las dos partes podían tener razón.
"Los dos tienen historias sobre esto, y simplemente no está claro quién tiene la razón", señaló la magistrada.
En la audiencia, estuvieron presentes solo siete de los nueve jueces que deben de conformar el alto tribunal debido a la muerte hace un mes y medio del conservador Antonin Scalia y la ausencia de Samuel Alito, que decidió apartarse voluntariamente del caso.
Hasta ahora, la presión del Gobierno puertorriqueño para reestructurar su deuda no ha servido de nada, pues se ha topado con la negativa de la mayoría republicana del Congreso, que apoya el deseo de los acreedores de que no se negocie para poder cobrar todo su dinero.
El Gobierno federal apoya a la isla, que ya acumula una década de crisis económica y sufre una fuerte emigración.
En una comparecencia hoy ante el comité financiero de la Cámara de Representantes, el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, insistió de nuevo en la necesidad de la reestructuración de toda la deuda de Puerto Rico, pues "a efectos prácticos ya están en bancarrota".