Brasilia, 15 feb (EFE).- El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, defendió hoy ante el Congreso el alza del 5,88% propuesto por el Gobierno para el salario mínimo y alertó de que un aumento mayor supondrá un riesgo para las cuentas públicas y la inflación.
El Congreso votará el proyecto de ley que aumentará el salario mínimo en los próximos días y tanto la oposición como algunos sectores minoritarios de la base oficialista y los sindicatos pretenden elevar la tasa propuesta por el Gobierno con el alegato de que es menor a la inflación del 2010, que fue del 5,91%.
La oferta del Gobierno que preside Dilma Rousseff llevaría el salario mínimo a 545 reales (328 dólares) y choca con lo que exigen los sindicatos y la oposición, que esgrimen diferentes propuestas que varían entre 560 y 600 reales (entre 337 y 361 dólares).
Armado de estadísticas, Mantega compareció hoy ante el Congreso y afirmó que el salario mínimo aumentó entre 2003 y 2010, durante el Gobierno del ahora ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un 57%, y sostuvo que la actual jefa de Estado, Dilma Rousseff, continuará con las políticas que permitieron esa revalorización.
Sin embargo, recordó que debido a la crisis global que estalló en 2008 la economía no creció lo que el Gobierno esperaba y que eso afectó todas las cuentas públicas, al punto de que la semana pasada Rousseff anunció un fuerte recorte en el presupuesto nacional para 2011.
"Acabamos de hacer una fuerte reducción del presupuesto y no podemos dar un aumento mayor, porque sería incongruente", afirmó Mantega en la audiencia parlamentaria, en la que participaron además unos 200 representantes de las centrales sindicales y una decena de miembros de organismos empresariales.
"No podemos arriesgarnos a tener un descontrol fiscal, porque ello tendría impacto en la inflación", alertó el ministro.
El diputado Paulo Pereira da Silva, quien también preside la central obrera Fuerza Sindical, respondió a Mantega que el aumento sugerido por ese sindicato supera solamente en 15 reales (9 dólares) la oferta del Gobierno.
"Son quince reales más por mes, o 50 centavos más por día, que no servirían ni para comprar un pan pero sí para ayudar un poco a los casi 50 millones de brasileños que ganan el salario mínimo", declaró Pereira da Silva.
La voz de los empresarios la asumió el gerente ejecutivo de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Flavio Castelo Branco, quien advirtió de que, además de provocar desequilibrios en las cuentas públicas, un salario superior al ofrecido por el Gobierno tendría "impacto directo en la productividad" del sector privado.
"Si las empresas tienen un impacto negativo en su productividad y su competitividad, eso también tendrá un impacto negativo en la tasa de empleo", apuntó Castelo Branco.
La polémica sobre el salario mínimo es la primera que enfrenta al Gobierno de Rousseff con los sindicatos, en los que la presidenta y su Partido de los Trabajadores (PT) tienen su base de apoyo.
En ese pulso, Rousseff cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos de su amplia base parlamentaria, que se ha comprometido a votar en favor de la propuesta del Gobierno, que es la misma planteada a fines del 2010 por el expresidente Lula. EFE
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