Madrid, 31 may (.).- Los peritos que han declarado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por operaciones irregulares entre la extinta caja de ahorros Sa Nostra y el Grupo Martín Gual han ratificado sus informes, en los que desaconsejaban los créditos a la sociedad constructora.
Propuestos por la acusación, y procedentes todos ellos de los órganos de auditoría de la caja, Miguel Quetglas, Antoni Mateu e Isabel Colom han ratificado el contenido de los informes que realizaron en los años en los que la caja financiaba operaciones inmobiliarias de Martín Gual.
Aunque no recordaban los detalles de los informes que presentaron en aquellos años, todos han ratificado sus conclusiones y han detallado qué criterios se tenían en cuenta para aconsejar o no una operación, entre los que figuran la finalidad de la propuesta, la sociedad o personas que pedían esos fondos, los riesgos que ya tenían en la propia Sa Nostra o en otra entidad, así como las garantías y avales.
Las operaciones de Sa Nostra con Martín Gual no cumplían las directrices de riesgos de la caja, han asegurado los peritos, ya que Haras, una de las sociedades a través de la cual se articularon los préstamos era de reciente creación, de la que no constaba información fiscal o contable.
También han testificado ante la sección tercera de la sala de lo penal agentes de la Guardia Civil adscritos a la unidad de delitos económicos, que han confirmado que Sa Nostra contaba con sociedades instrumentales, como Invernostra o Son Mobilia, a través de las cuales gestionar las operaciones con el Grupo Martín Gual.
Además, los agentes han relatado cómo la caja financiaba las operaciones con Martín Gual así como los intereses generados por los préstamos, con lo que todos los beneficios repercutían en el grupo constructor y todos los riesgos recaían en la caja.
El juicio que se desarrolla en la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional trata de la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico que oscila entre 48 y 50 millones de euros, detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.
Según afirma la Fiscalía Anticorrupción, los órganos de la caja mostraron desde 2005 y "con incremento de la actividad entre 2008 y 2010", un control "deficiente" en un contexto de "mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales".
La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que las operaciones, algunas destinadas a la compra de fincas en Son Morlà, Son Morlanet y Son Bordoy (Palma), se hicieron sin "certeza de la solvencia del deudor" ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo "no pudieran cumplir con sus compromisos de pago".