Palencia, 8 jun (.).- UGT y CCOO exigen a Cerealto Siro que rectifique y negocie con responsabilidad con los trabajadores para mantener los 1.700 empleos en las plantas de Castilla y León, que tienen la actividad parada desde este lunes tras la retirada del inversor por no acordar con los trabajadores el plan de competitividad.
Representantes de las federaciones de industria de UGT y CCOO han acompañando a los trabajadores de Siro que se han concentrado a las puertas de las Cortes de Castilla y León este miércoles, coincidiendo con las reuniones que ha mantenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los comités de empresa y los alcaldes de las tres localidades donde se ubican las fábricas de Siro, Aguilar de Campoo y Venta de Baños en Palencia y Toro en Zamora.
El secretario de política industrial de la federación de industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, ha sostenido en un comunicado que es "urgente hacer una inyección de liquidez", tanto para pagar salarios, después de que Siro anunciara ayer que no abonaría la nómina de mayo, como para poder comprar materia prima, mientras se logra cerrar un acuerdo definitivo con el inversor para mantener los 1.700 puestos de trabajo directos en Castilla y León.
La secretaria de acción sindical de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, ha cuestionado que no se haya convocado a los sindicatos a la reunión de este miércoles con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha considerado que el Ministerio de Industria y el Gobierno regional deberían "poner algo de su parte" para que el plan de competitividad, que solo han aceptado los trabajadores de Siro en Aguilar, sea mejorado para terminar con el conflicto.
"De no ser así, en poco tiempo veremos no el cierre de una fábrica (la de Galletas en Venta de Baños), sino de las cuatro fábricas que integran el grupo Siro", ha advertido.
De hecho, tanto UGT como CCOO consideran que si no se revierte la situación "en los próximos días al grupo Siro no le quedará más remedio que entrar en concurso de acreedores".
También han insistido en que la solución tiene que venir por un acuerdo entre instituciones y un acuerdo laboral que hasta ahora no ha sido posible y han afirmado que "no se puede culpar a los trabajadores" de la deuda de 300 millones de euros, reconocida por la empresa, "sino a la gestión errática de la compañía".
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