Barcelona, 3 jul (.).- El vicepresidente de la siderúgica Celsa, Francesc Mesegué, ha alertado este lunes de que el plan de reestructuración que plantean los fondos acreedores para hacerse con el control del grupo "no asegura la viabilidad de la compañía", sino que la sumiría en "una incertidumbre que podría llevarla al desastre".
Así lo ha asegurado durante la primera jornada del juicio que dirime esta semana si la familia Rubiralta mantiene el control sobre el grupo siderúrgico o si pasa a manos de los fondos acreedores, que han presentado un plan de reestructuración con este fin en base a la nueva ley concursal.
El juicio ha arrancado esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona. En representación de los fondos (que, en su conjunto, ostentan el 90 % de la deuda jumbo y el 89 % de la deuda convertible) han comparecido SVP Global, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Sculptor y Anchorage.
Mesegué ha avisado de que "los fondos venden activos en cuanto pueden" y que, por ello, "trabajar con los fondos da miedo: pueden hacer cosas no usuales".
Ha querido alertar de este modo de las consecuencias que tendría para el tejido de empresas que rodean a Celsa la homologación de este plan.
A preguntas del abogado de los actuales accionistas, Jaime Cano, ha dicho que el flujo de caja de Celsa, a cierre de junio de 2022, se situaba entre los 150 y los 160 millones, una cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a la deuda contraída con estos acreedores (unos 2.200 millones).
Pero hay más modos de hacer frente a la deuda, ha apuntado, por ejemplo mediante la venta de filiales o participaciones de filiales, dado que Celsa está formada por seis grupos empresariales y tiene presencia en nueve países.
Minutos antes ha tomado la palabra Xavier Pujol, que es consejero delegado de Ficosa y consejero de Barna Steel, la matriz de Celsa, quien ha asegurado de que no le cabe "ninguna duda" de que el grupo es "solvente" y ha achacado su situación financiera al bache que supuso la crisis de la covid-19.
Sobre la reestructuración propuesta por los fondos para hacerse con el control del grupo, ha defendido que ese es "un plan financiero, no de negocio", y se ha mostrado preocupado por la visión de estos acreedores, que solamente buscan "recuperar el valor nominal de la deuda".
"Para mí es incompatible que el máximo accionista sea el acreedor más importante", ha añadido: "No son empresarios. Si lo fueran habrían presentado un plan estratégico industrial".
Pujol ha augurado que si los fondos se hacen con el control de Celsa "van a vender la compañía a trozos" y ha adelantado que él renunciará a ser consejero en ese caso, si bien luego, a preguntas del abogado de los acreedores, Rodrigo López, ha dicho que se lo podría plantear si la gobernanza propuesta fuera acorde con sus ideas.
El director financiero de todo el grupo, Javier Echavarri, y el de España, Xavier Puig, han defendido que el actual plan de negocio de Celsa es válido: "Somos solventes y estamos al día de todos los pagos", ha dicho Puig.
El actual proyecto industrial de Celsa cuenta, de hecho, con el apoyo de los gobiernos de Cataluña, Euskadi y Cantabria, así como con el de los sindicatos UGT y CC.OO. -representantes mayoritarios de los trabajadores del grupo- y de la patronal catalana Foment del Treball.