Madrid, 9 ene (.).- La patronal CEOE ha iniciado una consulta interna entre los sectores más afectados por el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para conocer su opinión sobre la subida del 4 % para 2024 que propone el Ministerio de Trabajo, según han confirmado a EFE fuentes empresariales.
Los sectores afectados son aquellos más intensivos en mano de obra con salarios bajos como el de la limpieza y la seguridad que dan servicio al sector público, donde los contratos vigentes no se actualizan al SMI porque la ley de desindexación lo impide.
Las mismas fuentes explican que hay patronales que apuestan por el control de daños y prefieren una subida acordada del 4 % antes que salirse del acuerdo y arriesgarse a que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos pacten un incremento mayor.
No obstante, el sentir general en CEOE es de malestar ante el planteamiento de Trabajo, que ha advertido a los empresarios de que si no aceptan un alza del 4 % la subida podría ser mayor.
La decisión de sumarse al acuerdo o no se tomará previsiblemente en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE que podría convocarse antes del viernes, dado que Trabajo quiere zanjar el asunto ese día para iniciar cuanto antes los trámites preceptivos y poder aprobar la subida en Consejo de Ministros antes de que termine el mes.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado públicamente lo que considera una amenaza por parte de Trabajo y se ha quejado de que a través del SMI el Gobierno va a terminar regulando la negociación colectiva, puesto que la retribución mínima cada vez es más elevada y ya afecta a tablas salariales negociadas en convenio colectivo.
"Yo pensaba que el diálogo social era otra cosa", ha lamentado Garamendi en un almuerzo coloquio en el Club siglo XXI, donde ha hecho hincapié que la patronal es partidaria de subir el SMI y que propuso al inicio de la negociación una subida del SMI del 3,5 %, en línea con lo acordado en negociación colectiva y con la inflación media de 2023.
Asimismo, ha dado a entender que la negativa del Gobierno a indexar los contratos públicos al SMI y dar un tratamiento especial al trabajo en el campo son líneas rojas difíciles de traspasar para los empresarios.